El art. 41 disponía que la “educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica”, es decir, un Estado Confesional. Se limitó la libertad de prensa, se prohibieron las Juntas Populares de carácter permanente. Sólo el gobierno podía introducir, fabricar y poseer armas de fuego y municiones de guerra.
Las sesiones del Congreso se realizaban cada dos años. Se estipuló que el Presidente y Vicepresidente se elegía popularmente, pero el Designado lo escogía el Congreso por elección cada dos años, quien reemplazaba al Presidente y Vicepresidente en caso de ausencia de estos dos. El Presidente nombraba y separaba libremente a los Gobernadores de Departamentos, nombraba dos Consejeros de Estado, nombraba también a todos los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados de los Tribunales Superiores de ternas que elaboraba la Corte Suprema; nombraba y removía a los funcionarios del Ministerio público. Es decir, un Presidente con poderes de monarca. Finalmente el artículo que se hizo famoso con los años fue el 121, que facultaba al Presidente de la República, en caso de guerra exterior o conmoción interior, previa audiencia del Consejo de Estado, a declarar turbado el orden público y en Estado de Sitio toda la República o parte de ella. Con éste artículo gobernaron la mayoría de los Presidentes conservadores, con rara excepciones, desde 1886, hasta 1991, cuando se expidió la Carta que nos rige actualmente. Esta famosa Carta de 1886, consagró varias disposiciones transitorias, que iban numeradas en letras desde la A. hasta la O, con la cual gobernó la Regeneración durante 24 años; es decir, hasta 1910, cuando asumió la Presidencia del país Don Carlos E Restrepo, quien la puso en plena vigencia.
Pues bien, el art. C. Transitorio, decía: “Tan luego como sea sancionada la presente Constitución, el Consejo Nacional de Delegatarios asumirá funciones legislativas y las que por la misma Constitución corresponden al Congreso…. En su sesión del 9 de diciembre de 1885, eligió como Presidente de la Republica al Dr Rafael Núñez; Vicepresidente al General Eliseo Payán y Designado al General costeño José María Campo Serrano. Núñez gobernó en esa oportunidad hasta el 7 de agosto de 1888, en el que lo reemplazó el designado Don Carlos Holguín. Otro artículo Transitorio de ingrata recordación para el Partido Liberal y de cualquier sector de oposición, en esos años fue el que textualmente ordenaba: “Mientras no se expida la Ley de Imprenta, el Gobierno queda facultado para prevenir y reprimir los abusos de la prensa”.
Creo que para epilogar esta columna, nada más oportuno que retratar la aciaga época de la Regeneración de Núñez, que recordar el siguiente hecho histórico: Con ocasión de la muerte continua de unos caballos de Palmira, Valle del Cauca, ejecutada por un demente, fue aprovechada por el Presidente encargado Carlos Holguín, para declararla como asonada atentatoria del orden público, obteniendo el respaldo inmediato de las mayorías del Congreso de 1888, para expedir la Ley 61 de ese año, que le confirió facultades extraordinarias para prevenir y reprimir administrativamente todos los delitos y culpas contra el Estado que afecten el orden público y los atentados contra la propiedad pública o privada; para borrar del escalafón a los militares que por su conducta se hagan indignos de la confianza del gobierno. Las penas para los infortunados sindicados, iban desde el confinamiento, expulsión del territorio, prisión o pérdida de derechos políticos, por el tiempo que crea necesario el poder ejecutivo. A tamaño acto draconiano, lo llamó la historia política del país la “Ley de los Caballos”.















