La palabra justicia no solo se refiere a lo jurídico, desde donde marca todas las acciones profesionales orientadas, con sus respectivos principios, hacia lo que se conoce como Estado de Derecho. También el término en cuestión abarca lo sociopolítico en cuanto a la guía de sus actividades puestas al servicio del bien común. Es pertinente, por tanto, mirar a la justicia en los sentidos contrarios a la arbitrariedad, la corrupción y los privilegios.
Ciñéndonos al lenguaje estrictamente jurídico y sociopolítico, se hablará de justicia cuando ella esté apegada a las normas del derecho, lo que la conmina a hacer parte de las aspiraciones de igualdad, tolerancia, libertad y solidaridad. Todo para garantizar la seguridad ciudadana. Por los hechos suficientemente conocidos de aquellos magistrados superiores inmersos en la delincuencial corrupción, lo que se comentaba en las calles del país ha resultado ser una triste verdad: la compra-venta de sus conciencias.
Esta horrorosa práctica de muchos togados también se ha hecho presente en distintos tribunales administrativos, como se ha logrado conocer en los de Cundinamarca, Cúcuta y Villavicencio. La corrupción en esas instancias judiciales, dicen tantos abogados litigantes fastidiados hasta la coronilla, no solo es manifestada en la compra- venta de sentencias, sino en la abstención de dictarlas con justeza por compromisos políticos o por tener a familiares y amigos en los entes territoriales del caso.
En el país estamos aterrados por tantas ollas podridas en el poder judicial. Pero ya hay sectores de abogados, de miembros honestos que imparten justicia, de probos guardianes de los órganos de control y de la Fiscalía, de prestantes académicos universitarios y, sobre todo, de luchadores del pueblo a quienes se les han vulnerados sus legítimos derechos, que vienen pronunciándose para detener esta aberrante práctica de los jueces que delinquen apertrechados, paradójicamente, en la justicia.
Memorables son las acciones jurídicas y sociales planteadas por los afectados del barrio Campo Alegre de Barranquilla. Retando el poder corrupto al que me he referido, después de 11 años de arduas luchas, donde lo jurídico está en cabeza del abogado Roberto Tapia Ahumada, el juez 11 Administrativo del Circuito de Barranquilla expidió una sentencia condenatoria a las poderosas empresas constructoras de esta ciudad para que resarzan los perjuicios causados en lo material y moral en lo conocido como el “Desastre de Campo Alegre”, que los medios de comunicación han informado con exactitud.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha respondido a la solicitud que le hicieron de proteger sus incondicionales derechos a la vida e integridad personal que los áulicos empresarios de la construcción no quieren que ello se dé. El importante organismo internacional ha encargado a sus abogados del Grupo de Protección para estudiar esta delicada situación. Y en lo social, los damnificados de Campo Alegre están preparando la Gran Marcha de Antorchas contra la corrupción judicial en Colombia.
El jueves 9 de noviembre todos debemos marchar, desde las primeras horas de la noche, por una justicia natural, conmutativa, social y distributiva. Los corruptos no pueden seguir gozando con sus fechorías.















