El miedo de parecer pez gordo

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El desplome del edificio Portal de Blas de Lezo II el pasado 27 de abril en Cartagena, que ocasionó la muerte de veintiún obreros y veintitrés heridos, ha dado lugar a actuaciones administrativas, disciplinarias y judiciales, a cargo de las autoridades competentes, que mantienen en estado de interinidad el gobierno de la ciudad, a lo que se suma, para aumentar la anormalidad y la zozobra, el anuncio del señor Fiscal General de la Nación de que cuenta con abundantes pruebas que harán caer a más peces gordos de los que a su decir vienen bajo la lupa del ente investigador. Cualquiera se pregunta qué sentido tiene crear la expectativa de que al proceso serán vinculados otros supuestos comprometidos, cuando esa voz de alarma  lo que podría lograr es ponerlos en guardia, con la resultante previsible de que se entorpezca el curso de la investigación, se dificulte el normal recaudo de pruebas y en últimas, se afecte la eficacia, que es lo que mayor legitimidad le da al actuar de la justicia. A la rama judicial, a la que pertenece la Fiscalía, no le hace bien que en su trabajo de la apariencia de ser un espectáculo o que se presta para serlo, porque en esa forma se desvirtúa la razón de ser de su misión y origen. El momento crucial en que se halla el país exige mesura, eficiencia, sensatez y firmeza, pues la definición de su futuro y la solidez de sus instituciones depende de cuanto hagan o dejen de hacer los delegatarios de la soberanía del Estado y de manera principal el pueblo como depositario único de ella. A este hay que convencer de que haga valer ese inmenso poder por encima de consideración que no responda al bien común.

La sociedad colombiana está atónita con las últimas revelaciones que muestran el punible ayuntamiento descubierto entre servidores y ex servidores del Estado en todos los niveles, para apropiarse de bienes públicos, encubrir crímenes y escamotear la ley que unos han ayudado a elaborar y que otros aplican o deberían aplicar según el espíritu que la inspira, que no es otro que el de ser regla inviolable de conducta social. Y como parte de esa gran sociedad, los cartageneros, sin limitar ni renunciar al alcance nacional de su aspiración, en lo local reclama seriedad, pues si en este puede haber culpables de conductas atentatorias a sus intereses y en general, al orden público, la forma como se encamine a individualizar las responsabilidades no debe convertirse en comedia ni espectáculo de suspenso que le hace daño a la ciudad y a sus habitantes, pero también a las propias autoridades de conocimiento o a cargo. Eso de que la Fiscalía General de la Nación diga que llega Cartagena por más peces gordos es una advertencia tremendista y sin utilidad alguna para el proceso, como se ha expuesto líneas arriba, que influye o puede influir de manera negativa en el ánimo de quienes trabajan honestamente en el manejo de sus asuntos, al punto de que involuntariamente pueden incurrir en dislates como el anunciado por la Oficina de Control Urbano, de que impondrá sanciones a los vecinos de construcciones piratas que no denuncien a sus promotores, como si ellos tuvieran que remplazar al Distrito en su función policiva de evitar que eso ocurra. La advertencia, que podría dar lugar a actuaciones que terminen con sanción o absolución, no tiene fundamento legal y lo que va a ocasionar es que en forma simultánea haya acusaciones por simples sospechas de irregularidad en construcciones y el reclamo subsiguiente de perjuicios cuando la responsabilidad no se pruebe. Esa apresurada iniciativa no exenta de buena fe podría estar influida por el deseo de presentar u ofrecer resultados en lo que,  a pesar de la tragedia de Blas de Lezo, no puede convertirse en cacería de brujas por el temor de que involuntarias demoras u omisiones de igual calidad en la detección y actuación en casos concretos, los haga aparecer como prohijadores o cómplices de peces gordos o de especie refinada que merecen sanción.

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