La figura del acusador privado

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Con la expedición de la disposición 1826/17 el sistema penal oral acusatorio va a tener un procedimiento diferente en la acusación  y juzgamiento  al que detalla la ley 906/04 en otros términos, el Código de Procedimiento Penal Colombiano, esto quiere decir que este último se llamaría a mi juicio proceso penal ordinario y el primero abreviado. Naturalmente, cuando la ley 1826/17 comience aplicarse el 13 de julio podría traer consigo más impunidad y por consiguiente se elevaría las actuaciones retaliativas por parte de las víctimas de un  hecho delictivo.

Con el procedimiento abreviado, los comportamientos delictivos que requerían querella y otras conductas de menor gravedad podrán iniciarse con una actuación abreviada de tan solo dos audiencias y no de 7 como se viene realizando en el procedimiento penal ordinario, con esto  podría haber más eficacia y celeridad  en los procesos, pero habrá que esperar si este nuevo procedimiento penal abreviado  será benéfico para la colectividad social  o por lo contrario sería un nuevo embeleco jurídico permisivo.

En el proceso penal  abreviado  va a desaparecer la audiencia de formulación de imputación que prácticamente va estar incluida en el escrito de acusación,  que el fiscal  traslada al indiciado y a la víctima para que  se entere de este acto. Lo anterior quiere decir que el Juez de control de garantías ya no tendrá la facultad de presidir esta audiencia como lo efectúa en el sistema penal oral ordinario.

Con la ley 1826/17 se puede observar que el ejecutivo nacional está dando los primeros pasos para implementar  una  fiscalía eminentemente privada, bajo un somero control del Estado. Esta disposición es de suma importancia porque  adjunta un nuevo proceder para el sistema oral acusatorio en Colombia.

Lo que sí se tiene que prestar mucha atención son las miles de causas que tienen asignados  los diferentes  fiscales en Colombia, eso obviamente impide que se dé una justicia ejemplar, porque  estos funcionarios no dan abasto con tantos casos que tienen, igualmente es necesario perfeccionar a la policía científica  para las respectivas investigaciones  tecno-judicial, pues no se puede aceptar que un solo agente  judicial se encargue aproximadamente de mil quinientos  casos. Pero lo más lamentable es que estos no están debidamente preparados para esclarecer  rápidamente los  hechos delictivos.

La acusación privada y el proceso penal abreviado repercutirá en la formación de los nuevos abogados en nuestro país, puesto que estos van a tener un aprendizaje profundo en materia criminológica  y en investigación criminal, esto quiere decir que los estudios en los centros superiores deben de darse  en forma práctica, inclusive  la reducción de años para culminar la profesión tiene que analizarse, ya que las instrucciones en la disciplina jurídica encerrados en aulas  pasarán pronto a  la historia.

En términos generales lo que está buscando el gobierno nacional  con la entrada en vigor  de la ley 1826/17 es  atacar duramente el ingreso en prisión  de las personas que  transgreden los delitos contra el patrimonio económico o propiedad, lesiones personales e  inasistencia alimentaria que son prácticamente  las conductas por las que mayor entran los delincuentes en prisión. Ojalá que esta ley no sea otra del montón que no vaya a  solucionar  la problemática de hacinamiento en las cárceles. Creo que las instituciones del Estado  no han  reflexionado que el mayor obstáculo  del sobrecupo carcelario es nuestra cultura.

Ahora bien,  solo falta  esperar  que  el ejecutivo nacional   analice concienzudamente, con funcionarios y abogados litigantes la problemática de la investigación penal en Colombia, para así destinar los recursos y planificar una  política criminal de Estado a largo plazo.

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