Con la expedición de la disposición 1826/17 el sistema penal oral acusatorio va a tener un procedimiento diferente en la acusación y juzgamiento al que detalla la ley 906/04 en otros términos, el Código de Procedimiento Penal Colombiano, esto quiere decir que este último se llamaría a mi juicio proceso penal ordinario y el primero abreviado. Naturalmente, cuando la ley 1826/17 comience aplicarse el 13 de julio podría traer consigo más impunidad y por consiguiente se elevaría las actuaciones retaliativas por parte de las víctimas de un hecho delictivo.
Con el procedimiento abreviado, los comportamientos delictivos que requerían querella y otras conductas de menor gravedad podrán iniciarse con una actuación abreviada de tan solo dos audiencias y no de 7 como se viene realizando en el procedimiento penal ordinario, con esto podría haber más eficacia y celeridad en los procesos, pero habrá que esperar si este nuevo procedimiento penal abreviado será benéfico para la colectividad social o por lo contrario sería un nuevo embeleco jurídico permisivo.
En el proceso penal abreviado va a desaparecer la audiencia de formulación de imputación que prácticamente va estar incluida en el escrito de acusación, que el fiscal traslada al indiciado y a la víctima para que se entere de este acto. Lo anterior quiere decir que el Juez de control de garantías ya no tendrá la facultad de presidir esta audiencia como lo efectúa en el sistema penal oral ordinario.
Con la ley 1826/17 se puede observar que el ejecutivo nacional está dando los primeros pasos para implementar una fiscalía eminentemente privada, bajo un somero control del Estado. Esta disposición es de suma importancia porque adjunta un nuevo proceder para el sistema oral acusatorio en Colombia.
Lo que sí se tiene que prestar mucha atención son las miles de causas que tienen asignados los diferentes fiscales en Colombia, eso obviamente impide que se dé una justicia ejemplar, porque estos funcionarios no dan abasto con tantos casos que tienen, igualmente es necesario perfeccionar a la policía científica para las respectivas investigaciones tecno-judicial, pues no se puede aceptar que un solo agente judicial se encargue aproximadamente de mil quinientos casos. Pero lo más lamentable es que estos no están debidamente preparados para esclarecer rápidamente los hechos delictivos.
La acusación privada y el proceso penal abreviado repercutirá en la formación de los nuevos abogados en nuestro país, puesto que estos van a tener un aprendizaje profundo en materia criminológica y en investigación criminal, esto quiere decir que los estudios en los centros superiores deben de darse en forma práctica, inclusive la reducción de años para culminar la profesión tiene que analizarse, ya que las instrucciones en la disciplina jurídica encerrados en aulas pasarán pronto a la historia.
En términos generales lo que está buscando el gobierno nacional con la entrada en vigor de la ley 1826/17 es atacar duramente el ingreso en prisión de las personas que transgreden los delitos contra el patrimonio económico o propiedad, lesiones personales e inasistencia alimentaria que son prácticamente las conductas por las que mayor entran los delincuentes en prisión. Ojalá que esta ley no sea otra del montón que no vaya a solucionar la problemática de hacinamiento en las cárceles. Creo que las instituciones del Estado no han reflexionado que el mayor obstáculo del sobrecupo carcelario es nuestra cultura.
Ahora bien, solo falta esperar que el ejecutivo nacional analice concienzudamente, con funcionarios y abogados litigantes la problemática de la investigación penal en Colombia, para así destinar los recursos y planificar una política criminal de Estado a largo plazo.
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