La falta de transparencia tiene a Colombia en jaque

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En el Estatuto de Contratación de la Administración Pública “Ley 80 de 1993”, se ha establecido como el principal instrumento de la gestión pública, mediante el cual el Estado busca contribuir a la gestión óptima y eficiente del manejo de los recursos públicos; convirtiéndose así la contratación estatal, en un instrumento de ejecución del gasto público, y una las principales actividades económicas del país. Mediante dicho estatuto, se establecen los procesos contractuales y criterios de selección de contratistas, en aplicación de los principios allí establecidos, en contraposición a viejas prácticas lesivas a los principios de la función pública y la contratación estatal, en atención a las conductas de cultura anti-ética, que con vicios de ilegalidad en los procesos de selección de contratistas, en cabeza de algunos representantes del sector público y de algunos particulares obtienen importantes beneficios económicos derivados de la adjudicación de los contratos.

El Principio de Transparencia consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, establece la actuación que deben adoptar la entidades y los particulares en el desarrollo de los procedimientos para llegar al contrato estatal, además, da un lineamiento integro a la contratación pública, pues en su contenido señala la modalidad de selección del contratista, estipula las oportunidades que se le otorgan a los interesados para controvertir o conocer actuaciones dentro de los procesos, ánima al público a realizar control permitiendo la solicitud de documentos, señala las reglas de manera clara y completa para así llegar a la adjudicación de un contrato y predica la publicidad de las actuaciones.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se destaca un factor muy importante, y es la extensión que se hace del Principio de Publicidad dentro del Principio de Transparencia; el hecho de hacer públicos los procedimientos significa que hay un sometimiento a un control social, que al hacer énfasis en la publicidad de los actos se está atacando de manera directa a la corrupción y por lo tanto impide que la contratación se convierta en un negocio.

Ante los frecuentes escándalos y la evidente corrupción en los procesos de licitación y en la adjudicación de los Contratos Estatales, se hace necesario para un debido control, una real injerencia de la ciudadanía en todas las etapas contractuales, con el fin de salvaguardar el interés general y la adecuada administración de los Recursos Públicos.

Ahora bien, del objetivo de la Ley 80 de 1993, que era tratar de unificar la regulación aplicable a la contratación de todas las entidades estatales; nada quedo, pues a medida que fue pasando el tiempo fueron creciendo rápidamente las excepciones a su aplicación, ya que posteriormente se expidieron otras leyes que también establecieron excepciones como la ley 100 de 1993, para las Empresas Sociales del Estado; la ley 142 de 1994 (reformada por la ley 689 de 2001) para las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios; la ley 143 de 1994 para las empresas del sector eléctrico, entre otras, desvirtuando rápidamente lo que buscaba el legislador.

Cuando no se cumple con la normatividad en la contratación entra la corrupción que es lo que actualmente tiene a Colombia en jaque en la falta de transparencia en la licitación actualmente.

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