La historia es demasiado conocida y lo es porque no deja de repetirse cada día que pasa.
Con una frecuencia asombrosa, en este país se destapan escándalos por corrupción, cada uno de los cuales, luego de indignar a la opinión pública, es relegado a un segundo plano por la explosión de uno nuevo; por lo general más grande, más desvergonzado y varias veces más costoso para los contribuyentes; además, todos estos episodios tienen algo en común, rara vez son procesados hasta el final y esporádicamente se castiga a un responsable.
Hasta ahí, todo hace parte de esa tradición malsana que se apoderó de Colombia; sin embargo, pocas veces se va más allá. Casi nunca se profundiza en otros hábitos perversos que también han hecho carrera en el sector público y que igualmente cargan buena parte de la culpa del desastre.
Sólo con esa palabra, como un verdadero desastre, se puede calificar a la mayoría de las obras de infraestructura que se han construido en el país en los últimos años, así como la administración de los servicios que debe proveer el Estado.
Carreteras mal trazadas y terriblemente hechas; sistemas de transporte masivos pésimamente diseñados y aún peor operados, para no ir más lejos, son apenas dos de los miles de ejemplos que sirven para ilustrar cómo desde la etapa de estudios y diseños, en sectores que van desde la infraestructura hasta la salud, suelen comenzar las grandes cadenas de equivocaciones.
Grandes cadenas de equivocaciones que desembocan en fallas constantes y errores groseros que a la postre nunca tienen un responsable definido y plenamente identificado. No obstante, es la ciudadanía la que siempre debe asumir las consecuencias, tanto por las incomodidades, las molestias y las dificultades que generan, como por los costos que de manera indefectible pasan su factura.
En Colombia y no es una generalización, nadie, particularmente en el sector oficial, responde por nada. Como se mencionó antes, desde las etapas preliminares que contemplan estudios, diseños e investigaciones, los procesos arrancan con el pie izquierdo, que luego, para completar, suelen infectarse del virus de la corrupción.
Y eso, claro, cuando no son la improvisación y la chambonería las que cierran con broche de oro; este país debe iniciar una gran cruzada nacional para dar con miles y miles de autores que permanecen a la sombra, pero que son los verdaderos responsables de la enciclopedia de calamidades más aberrantes de los últimos tiempos.
Lo cierto es que mientras no se localice e identifique plenamente y se les aplique todo el peso de la ley a los corruptos, no solo gozarán de la impunidad que los arropa hasta el momento, sino que muy posiblemente, continuarán haciendo de las suyas, tal como aparecen en sectores como el legislativo y el judicial.
Con sobradas razones, se ha insistido en el sentido de que la corrupción se constituye en uno de los graves males que aquejan al país y que pese a los esfuerzos demostrados por los últimos gobernantes para contrarrestar sus causas y castigar a los responsables, aun nos encontramos muy lejos de disminuir sus perjudiciales efectos en la vida local, regional y nacional. Así mismo la corrupción se puede catalogar como una de las mayores causas de la pobreza, se ha podido comprobar que mientras más pobre es el país, está más propenso a caer en las garras de la corrupción, porque “mientras haya tanta gente que pueda comprar a otros seres humanos y gente tan pobre que necesite venderse para subsistir, no será posible la democracia”, según la terrible sentencia de Rousseau, que parece haberse materializado en esta época del sálvese quien pueda.














