
El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, presentó este jueves un proyecto de ley que incluye medidas punitivas para castigar eficazmente la corrupción y entregarle a las instituciones más herramientas para facilitar la investigación y judicialización de los corruptos.
Para el jefe del ente acusador, aseguró que la corrupción debe ser combatida con la misma contundencia que como se suele hacer con el crimen organizado y el narcotráfico.
El proyecto busca actualizar los procedimientos existentes para hacer frente a todas las formas de corrupción y castigarlas.
Entre sus puntos más importantes, la iniciativa busca que se penalicen nuevas formas de criminalidad y se adecuen los delitos ya existentes conforme a la gravedad de las conductas, algunas de las cuales no tienen sanción.
De convertirse en ley, el proyecto permitirá que los particulares sean procesados por omisión, cuando no denuncien los casos de corrupción de los que tengan conocimiento.
La iniciativa también permitiría sancionar a las personas que sirvan como testaferros, es decir, que presten su nombre para la adquisición y ocultamiento de bienes obtenidos con dineros procedentes de la corrupción.
Los profesionales –contadores, revisores y jefes de control interno– que presten sus servicios para impedir el rastreo e identificación de bienes adquiridos con ganancias corruptas también serán penalizados. Además estos profesionales deberán reportar a la UIAF los casos de corrupción de los que tengan conocimiento, de lo contrario se expondrían a penas de entre 3 y 6 años de cárcel.
Las actuaciones articuladas contra la administración pública o que afecten el patrimonio del estado, serán sancionados. En este punto se proponen multas y penas de presión de 8 a 18 años.
La divulgación de documentos e información reservada también sería penalizada. Se busca sancionar con penas privativas de la libertad el uso indebido de información privilegiada o asuntos sometidos a reserva.
En el nuevo proyecto también se buscan controles más estrictos para la financiación de campañas electorales, las cuales están expuestas a ser blanco de corrupción pública.
El fiscal Martínez propone en su iniciativa cárcel para las personas que porten dinero en efectivo en montos fijados por la autoridad electoral –el CNE– durante la jornada electoral y en las 72 horas previas a los comicios.
Además la violación de topes de aportes particulares será tipificada, al igual que la asunción de gastos de campañas que los superen. Un proyecto presentado por el presidente propone algo similar.
Finalmente la Fiscalía busca que los funcionarios públicos que usen si investidura o el patrimonio público para apoyar campañas políticas o a partidos.
El proyecto busca frenar que los funcionarios elegidos por voto popular contraten o subcontraten a empresas o personas naturales que financien sus campañas políticas.
















