Dentro de la nueva normativa que regula la institución del llamamiento en garantía en el Código General del Proceso (además de suprimirse la denuncia del pleito) se abrió la posibilidad que un demandado dentro de un proceso de conocimiento pueda llamar en garantía a otro integrante de la parte demandada, cuando entre ellos se vislumbre la figura de la solidaridad obligacional y se puedan invocar pretensiones, asunto que se conoce como demanda de coparte.
Ello que viene a ser una demanda entre compañeros confluyendo en un mismo juicio en quien llama la calidad de demandado – demandante, y el llamado muta en demandado por doble vía.
Lo anterior es así porque en el Parágrafo del artículo 66 del CGP se dijo que no sería necesario notificar personalmente el auto que admite el llamamiento cuando el convocado actúe en el proceso como parte o como representante de alguna (s) de ellas, siendo que ello no era admisible en vigencia del CPC bajo el entendido que el llamamiento sólo podía recaer sobre terceros y no sobre las partes propiamente dichas.
De suyo en los debates adelantados por la Comisión Redactora del proyecto de CGP se propuso que en la nueva redacción se introdujera la demanda de coparte y bajo este propósito se modificó la expresión tercero por el vocablo otro en orden a suprimir la limitación existente y permitir que un demandado pudiera llamar en garantía a otro de los demandados (art. 64).
Dicho instituto (que no cabe en ejecutivos) consiste, básicamente, en emplear in extenso el llamamiento en garantía, de manera tal que si en una controversia jurídica existen pluralidad de demandados entre los cuales es factible aducir pretensiones, que -en caso de no aplicarse este mecanismo- deberían ser ventiladas en otro proceso, y el pronunciamiento judicial es coherente frente a ellas, el juzgador en la misma providencia debe resolver los dos conflictos que están -por dichas circunstancias- íntimamente relacionados.
Cabe anotar que en la nueva concepción la solicitud debe hacerse por medio de demanda con la totalidad de los requisitos exigidos para su presentación y no mediante escrito como ocurría en vigencia del Código de Procedimiento Civil (arts. 65 y 82 C.G.P).
No obstante, en el artículo 225 del CPACA se limita el llamamiento en garantía a los terceros, por lo que, en conclusión, será la jurisprudencia la que finalmente concrete si (siendo flexibles y acudiendo al sentido útil de la ley) la demanda de coparte –entronizada, por economía procesal, en materia adjetiva civil- también aplica en materia contenciosa administrativa, aunque como se avecinan brisas de reformas para la ley 1437, huelga concluir que estamos en oportunidad de robustecer el rito.
Dejo planteada la inquietud.
*MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
















