Esta Asamblea Constituyente Educativa (ACE), nace y se nutre de los estímulos que da nuestra Constitución de 1991 a los procesos de participación de la comunidad, en este caso, de la comunidad educativa: es la democracia participativa educativa, como la mejor forma de encauzar los destinos de la educación colombiana, como el gran Derecho Fundamental (DF). Desde este mecanismo de participación ciudadana, estudiantes, padres de familia, maestros y demás fuerzas sociales pueden vivir y sentir a la educación como lo vital de Colombia, se materializará su constitucionalización como DF, se normatizará su autonomía para la real posibilidad en todos los niveles del sistema educativo.
Esta ACE debe ser el resultado de un amplio movimiento de la sociedad civil pensando la educación como movilización de toda la comunidad educativa. En incongruencia con el mandato de la educación como derecho (art. 67 CP), esta Asamblea lo privilegiará como Fundamental en el contexto de la Constituciones de avanzada de América Latina, como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, entre otros. En ausencia de este Derecho Fundamental, este contexto debe promoverse desde esta Magna Asamblea, a partir de puntos trascendentales como: financiación con rango constitucional en todos los niveles, la elección de secretarios de educación en terna presentada a los alcaldes y al presidente de la república por parte de Fecode. Por qué: porque en otras latitudes tanto latinoamericanas como europeas, para ser secretario de educación y ministro del ramo, hay que estar formado en el campo de la educación: Un ministro de educación, ante todo, es una autoridad académica en este campo, reglamentar cuidadosamente lo que habrá de entenderse por calidad de la educación, no como ese constructo, como producto empresarial, sino como un constructo histórico, social y cultural, a fin de favorecer la calidad humana de la educación en zonas apartadas de la geografía colombiana, y no la construcción perversa del concepto, creado desde la frías oficina de Bogotá.
En concordancia con lo anterior, esta ACE abordará la educación como un todo, y habrá de expedirse una nueva reglamentación, que derogue las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, conformando un equipo, para dejar lo bueno de ellas y empoderar la educación hacia nuevos rumbos. Habría que revisar los puntos que sobre salarios y ascensos (dignos, y no sometidos al actual régimen del decreto 1278 de 2002) pensiones, movilidad de los maestros, formación permanente, para dejar amarrado constitucionalmente bajo el amparo de esta Asamblea el querer de esta Constituyente (Comunidad Educativa) a la educación como un Derecho Fundamental. En concordancia con los principios de participación ciudadana favorecidos por la Carta Magna de 1991, un punto esencial en el proceso del Gran Paro Nacional que adelanta el magisterio, es el de buscar puntos de encuentros entre diferentes sectores de la sociedad para hacer posible esta Asamblea Constituyente Educativa, en torno al movimiento por una educación para la paz, donde la educación y la paz, sean derechos fundamentales “con dientes”, es decir, con posibilidades reales para niños y niñas y jóvenes en el acceso a la educación en todos los niveles escolares y universitarios: es y debe ser un propósito nacional, frente a la desidia de los ministerios de hacienda y educación. Un punto de arranque en su organización, por ejemplo: la organización de foros regionales, locales y nacionales para la escucha de propuestas de los actores sociales y educativos, preparación y discusión desde un equipo de expertos en la redacción del Texto Fundamental que debe servir de Norte a la educación en este milenio.
Uno de los ecos de esta Gran Asamblea por una educación más humana y solidaria en la formación de un buen ciudadano, es la construcción de una Política Pública de la Educación, donde realmente se sientan representados los actores dolientes y sintientes de la educación, para incorporarla al Plan de Desarrollo del Estado Social de Derecho. Se advertirá que al constitucionalizarse esta Política, ella será Política del Estado Social de Derecho y no una política (en minúscula) de los gobiernos de turno. Esta Política de Estado construirá las bases para la Escuela y Universidad de la Paz, el docente y estudiante para la paz, una familia para la paz, un currículo para la paz, las regiones y localidades pensando la paz, los alcaldes y gobernadores pensando la paz: para ello, se deberá establecer como norma fundamental la financiación con presupuesto real obtenidos de los rubros, que ya el gobierno ha dejado y deja de invertir en la guerra siendo trasladados para la sustentabilidad y sostenibilidad de esta nueva educación como derecho fundamental. Es una Política de Estado, para convertirse en un factor del desarrollo de un orden social, justo y digno que establece la Constitución Política.
Gracias a esta Política, acabaremos con la desfinanciación de la educación pública, pues ella será soportada como Derecho Fundamental, que debió ser el logro de los constituyentes de 1991. Esta Gran Idea ayudará a transformar a las instituciones educativas en todos los niveles, promoverá comunidades de docentes investigadores, propenderá por la formación de magísteres y doctores, a fin de construir comunidades académicas en el campo intelectual de la educación, como ese diálogo democrático en y para la educación como posibilidad real que tiene el pueblo colombiano de movilidad social y de un mejor bienestar humano-social. A pesar de los enemigos de esta Asamblea, Fecode, la sociedad y la familia deben sacarla adelante: es la única posibilidad de autonomía que tendrá la educación, para no estar sometida a los vaivenes fiscales de planeación nacional y del ministerio de hacienda, para tener la facultad de dictarse sus propios principios rectores y procedimientos.
Además, esta verdadera participación, que se ha demostrado con el Paro Nacional del Magisterio, fortalecerá la forma de desarrollo de la Política Pública en Educación desde el Estado Social de Derecho: no más “pañitos de agua tibia” para la educación, no más enfoques superficiales. El resultado de esta gran movilización nacional es la promoción y hechura de esta Política a partir de la puesta en marcha de la Asamblea Constituyente Educativa, como ese gran proyecto de todas las fuerzas sociales, culturales, de campesinos, estudiantes, docentes, padres de familia para involucrar ampliamente a los colombianos “de a pie” a esta discusión de suma importancia para la educación de los próximos cien años y no del pretexto del gobierno actual de una “Colombia educada en 2025”. El magisterio habrá de ser contundente en el establecimiento de una Política Pública Educativa Integral que responda a las necesidades locales, regionales en comunión con las nacionales.

















