A continuación el presente artículo no busca definir, o a proponer una nueva definición sobre ordenamiento territorial en Colombia, la revisión de múltiples estudios, y la experiencia de la aplicación práctica de ciertas normas y jurisprudencia nacional, señalan que en nuestro caso no existe una definición clara, única y precisa sobre el concepto de ordenamiento territorial, y esto explica algunas de las dificultades que ha tenido su aplicación en el país a través de leyes, políticas y regulaciones.
Habría que decir también que el ordenamiento territorial se ha concebido generalmente en Colombia como un instrumento de apoyo a la gestión planificadora y una política estatal para lograr la descentralización por lo cual se ha asumido durante los últimos años que los procesos de ordenamiento territorial y las políticas de descentralización deben ir muy articulados. De hecho, se considera que la acción del Gobierno Nacional, que se ejecuta sobre las regiones y municipios del país, tiene impactos territoriales considerables debido a los recursos y responsabilidades trasladadas a los gobiernos locales, y en la medida en que la descentralización es un instrumento para la consolidación de procesos de desarrollo local, el ordenamiento territorial se convierte en un asunto de extrema urgencia para promover el desarrollo territorial y facilitar la misma descentralización.
Hay otro aspecto entre tantos del que algunas discusiones sobre la organización del Estado han estado presentes en buena parte de la historia político-institucional de Colombia, aunque desde una perspectiva generalmente administrativa y poco consecuente con procesos reales de conformación de asentamientos humanos, localización y dinámica de las actividades económicas, relaciones de movilidad, y presión de la población sobre ecosistemas regionales.
Dentro de este contexto gran parte de la dificultad de contar con un instrumento integral sobre ordenamiento territorial radica en tres problemas: Falta de voluntad política, gran número de normas sobre la materia que implica en muchas ocasiones un desconocimiento del tema, y falta de interés en la dimensión regional del ordenamiento territorial.
Exactamente las bases legales del ordenamiento en el país se encuentran en la Ley 388 de 1997, mediante la cual se estableció la obligatoriedad de formular y adoptar Planes de Ordenamiento Territorial (POT) a municipios y distritos.
Bien pareciera por todo lo anterior que los planes de ordenamiento territorial deben plantear acciones concretas relacionadas con usos, densidades y ocupaciones, a través de la clasificación del suelo municipal y la definición de instrumentos de intervención territorial municipal.
Cabe concluir que los errores y aciertos dados en la práctica durante estos años, es necesario empezar a proponer puentes de articulación entre los dos enfoques de ordenamiento territorial, los cuales, como se planteó aquí, pasan por el entendimiento de las lógicas de ocupación regional (urbano – rurales) del país, la promoción efectiva y real de la planificación regional y por el fortalecimiento de figuras, instrumentos y mecanismos que favorezcan el ordenamiento con una visión regional.















