En buena hora se encuentran en marcha operativos tendientes a restringir la presencia de menores de edad en establecimientos públicos donde se expenden bebidas alcohólicas; destacamos que los procedimientos desarrollados por las autoridades han dejado como resultado un gran número de adolescentes sorprendidos en el lugar equivocado.
Sobre este tema hay que establecer si los propietarios de estos establecimientos así como los dueños de tiendas están incumpliendo la ley que prohíbe venderle bebidas embriagantes a los menores, si es así merecen el más severo castigo. Como ya lo habíamos manifestado hace unos días, estamos totalmente de acuerdo con que este tipo de operativos se realicen, pero ojalá que sean de carácter permanente y que no solo se practiquen los fines de semana, ya que otras medidas que han sido adoptadas anteriormente pasaron al olvido a las pocas semanas.
Cada vez son más alarmantes los informes periodísticos sobre la muerte de jóvenes en avanzado estado de alicoramiento en accidentes de tránsito y lo que está ocurriendo en recintos cerrados que han terminado por rodear a las universidades y colegios. Este problema fue objeto de una reciente reunión de rectores, en la que se abordó la dramática realidad del espeso aire que se respira en el vecindario de algunas de estas instituciones.
Para algunos este es un indicador de modernidad y otros sostendrán que se trata de permitir el “libre desarrollo de la personalidad”; no faltará quien piense que vicios como el alcohol y las drogas, lo mismo que la prostitución entre menores de 18 años, son escapes necesarios frente a la presión y angustia que afrontan muchos jóvenes de Barranquilla.
Estos argumentos esgrimidos para justificar tanta permisividad por las autoridades competentes frente a tan peligrosos vicios como el licor y las drogas, es realmente lo que sobra en esta polémica; para otros, las denuncias sobre venta de licores y sustancias psicoactivas en los alrededores de escuelas, colegios y universidades, deben ser atendidas por nuestras autoridades como una realidad social, que de seguir siendo permitida, puede ser nociva para nuestros jóvenes y constituirse en un resquebrajamiento de nuestro futuro capital humano. Así nos han ocurrido muchas desgracias, que hemos preferido tapar, antes que enfrentar con firmeza, ahora estamos ante otra amenaza que ya les ha sacado ventaja tanto al Estado como a la sociedad.
No se trata de un tema que no merece la menor importancia, ni de una posición temeraria frente a una indiscutible realidad, que involucra a nuestros jóvenes; las conductas denunciadas se entrelazan entre sí: del consumo de alcohol se pasa a las drogas, en algunos casos y de la drogadicción a la delincuencia, hasta llegar a comportamientos en los que violar las normas es permitido.
Este problema no escoge regiones ni género, ni estratos sociales, pues abarca a miles de jóvenes de diferente condición y posición socio-económica. Esto significa que en la capital del Atlántico también nos encontramos frente a un difícil dilema jurídico: o defendemos el derecho al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, o garantizamos los derechos fundamentales de los niños y jóvenes; se trata de escoger entre estos derechos aparentemente contrapuestos.
Nuestras autoridades no pueden darse el lujo de permitir que los jóvenes barranquilleros continúen exponiéndose a los riesgos que hemos anotado. Sin embargo hay que ser conscientes de que esta medida es apenas una entre las varias que deben adoptarse, porque sí es posible alejar los expendios de licores de los colegios y escuelas.















