Desde la primera administración del presidente Álvaro Uribe en el año 2002, cuando cercenaron su derechos, los trabajadores colombianos iniciaron la luchan para restablecer su horario laboral de ocho horas diarias y no 12 y 15 como lo impuso Uribe sin ninguna remuneración económica, bajo el pretexto de fomentar el empleo y ha sucedido lo contrario.
La propuesta que lesiona más de siete millones de trabajadores, atenta contra las conquistas laborales logradas con sangrientas luchas durante décadas, para que se implantara el horario normal de ocho horas diarias y ello es propio de una democracia social de derecho. Las conquistas y lucha arrojaron la muerte de cientos de trabajadores en el mundo capitalista y por esa razón, el primero de mayo se escogió como fecha, para conmemorar el día del trabajador caído. Los debates para aprobar la nefasta norma fueron aguerridos por parte de la oposición, liderada por la senadora Piedad Córdoba del Polo Democrático Alternativo, quien al comprobar que las bancadas gobiernistas votarían a favor del proyecto, propuso que la norma tuviera una vigencia de dos años para verificar sus resultados, jamás se cumplió y el desempleo se incrementó con grandes utilidades para los empresarios. La senadora abandonó la lucha en el Congreso por la persecución incasable del exprocurador Alejandro Ordóñez, que la destituyó del Senado e inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos por una lista de delitos, que debe comprobar en los próximos días en las Altas Cortes, según demanda de la líder social. Esperemos que en esta ocasión cumpla la cita.
La lucha de las organizaciones sociales, sindicatos, la Organización Internacional de Trabajo y otras instituciones sindicales no han sido escuchadas por los gobiernos de Uribe y Santos. El presidente Juan Manuel Santos prometió en sus dos campañas a la presidencia, derogar la medida, y hasta la fecha no ha cumplido. Esperamos que la próxima semana la Cámara de Representantes apruebe la ley que cursa desde hace dos años en el Congreso, pero jornada laboral hasta las seis de la tarde y no hasta las nueve. Nuevamente se evidencia el poder que ejercen los gremios que se tomaron no solo el gobierno sino el Congreso y las Altas Cortes, encabezado por el director de Fenalco y el negativo Ministro Cárdenas, quien además de provocar a los siete millones de trabajadores, reta a los pensionados al descontar el 12% y no el 4% que los beneficia con la reformada ley del senador Alexander López del Polo y aprobada en el Congreso. Es conocido que los pensionados durante su vida laboral cancelan sus cuotas a los Fondos de Pensiones, incluyendo la seguridad social, por lo tanto son dineros ahorrados por ellos y no sería justo que un ministro citado en varias ocasiones para control político por sus erradas actuaciones tome decisiones arbitrarias. Tanto Fenalco como Minhacienda Cárdenas pueden ser responsables, que los grupos afectados por la medidas, se sumen a las manifestaciones y agremiaciones que se encuentran protestando en las calles de las principales ciudades por diferentes promesas incumplidas, y el problema se agudice aun más para el gobierno.
El empresario colombiano es miedoso, no obstante estar respaldado por la garantía jurídica que le otorga el gobierno, tiene temor de crear nuevos empleos, miedo en la capacidad de profesionales debidamente acreditados por universidades del país, tiene temor de modificar los sistemas productivos. Piensan que son buenos empresarios porque hacen varias cosas al tiempo, duermen, comen, trabajan, leen y estudian, piensa en su empresa, sin analizar que es necesario capacitar mejor a los trabajadores, brindarles excelentes medios de trabajo y lo más importante: salarios justos para que se reflejen en rendimiento y productividad. La gran mayoría de empleadores suplantan la conciencia de la productividad por una mentalidad de supervivencia y se olvidan del consumidor; por rebajar costos pierden mercados por temor a crear empleo, solo cuando amenaza la supervivencia realizan cambios. La posición del presidente de Fenalco al no reconocer las ocho horas laborales diarias es mezquina, arrogante e insólita. En la coyuntura actual del país, sería un suicidio y error garrafal del presidente Santos, si continúa escuchando a Botero y Cárdenas.















