
Carlos Rodríguez Navarro, contralor departamental.
En respuesta a las cifras arrojadas por la Auditoría General de la República, tras asegurar que en el Atlántico la contratación directa durante la vigencia de 2016, fue 72% y la licitación publica de un 15%; el contralor del departamento, Carlos Rodríguez Navarro, informó que actualmente se adelantan auditorias en municipios como Sabanalarga, Galapa, Baranoa, Campo de la Cruz, así como en diferentes secretarías del departamento.
“La filosofía trazada no es otra que conocer el monto qué exactamente se está yendo vía contratación indirecta a través de fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro”, sostuvo Rodríguez Navarro.
Asimismo precisó el funcionario que se han girado instrucciones a los auditores para verificar el cumplimiento de los objetivos sobre las responsabilidades que le toca abordar a las instituciones sin ánimo de lucro en el curso de esos convenios. “También les tocará mirar la idoneidad de la fundación y analizar todo lo relacionado sobre si era imperioso realizar la actuación vía contratación directa o si era necesario activar la lineas de la Ley 80”, manifestó el contralor departamental.
Rodríguez Navarro aseguró que sobre este aspecto que se adelanta en diferentes municipios, saldrán conclusiones importantes que serán objeto de análisis por el comité directivo de la contraloría del departamento.
Respecto al llamado de atención por parte de la Auditoría General de la República en el que alega que en el Atlántico se presentan unas cifras que dejan unas ausencias de compromisos en cuanto a pendientes de pagos que ascienden a los $ 474 mil millones respecto a la vigencia 2016; el contralor del departamento sentenció que este tema podría ser objeto de auditoria especial para conocer cuánto es el monto de las obligaciones que han dejado de pagar los distintos sujetos de control de la contraloría del departamento del Atlántico.
“Dichos incumplimientos pueden generar en algún momento un detrimento patrimonial que es importante analizar como contraloría del departamento”, dijo Rodríguez.
La Auditoría General de la República subrayó que los pendientes de pagos son alertas que quedan al conocimiento de las contralorías para que verifiquen si eventualmente podría estar inmersa alguna responsabilidad administrativa, disciplinaria o fiscal.
Por ultimo, el contralor informó que es posible que se cambie el PGA y se instituya una auditoria especial para mirar un probable comportamiento irregular por parte de la administración.

















