A proteger lo institucional

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El estado como conjunto de instituciones llamadas a regular la vida social, los derechos y deberes, impulsar la prosperidad y hacer posible la convivencia, compromete por igual a cada uno de los súbditos, en la medida o proporción que a estos pueda caberles, en el propósito de consolidarlas como eficiente contribución o póliza de seguro para todos, sin que nadie se sienta o actúe por encima de aquellas, como de manera recurrente y obstinada se pretende en Colombia, en donde el ejercicio jugosamente remunerado de un cargo o dignidad se convierte en patente de corso para que quien la tuvo o la tiene haga y deshaga a socapa de total impunidad, sin importar el impacto y el alcance devastador que sus actos anteriores y actuales le hubieren causado o le causen al bien público y a la población, y más dañosamente a esta última, a la que se recurre invocando un engañoso patriotismo para volverla aliada circunstancial de protervos fines que a veces logran, como ya sucedió con el plebiscito sobre los acuerdos de paz, en que una amalgama de sectores, cada quien por su lado y según sus particulares conveniencias, logró una lánguida victoria sobre ese irrenunciable y valioso derecho, que después, cuando las supuestas preocupaciones que los llevaron a oponerse a la aprobación fueron satisfechas, una facción así actuante le ha hecho creer a las otras y a una parte del país lo contrario, sin ahorrar truculencia, grosería, bajeza y engaño, con eco mediático que se extiende y proyecta gruesos nubarrones que enrarecen el ambiente y amenazan con tempestad por su alcance desestabilizador.

Sin entrar a examinar las eventuales falencias, errores o desviaciones que con razón o sin ella puedan atribuirse al actual gobierno, porque quien esto escribe no es amigo ni enemigo del mismo, valga la aclaración, hay que recordar que desde el mismo comienzo de la actual administración ha venido siendo objeto de duros cuestionamientos porque sí o porque no, por quien fuera su principal prohijador, al no poder someter al ungido en el mando a sus designios, lo que de haber logrado habría constituido una gigantesca e histórica indignidad. Pero si en vez de ello, la actitud contrapuesta hubiera obedecido u obedeciera a relevantes motivos y no de vindicta, habría significado un convenientísimo y magnífico servicio al país, porque de esa manera, a través de la controversia o el diálogo civilizados, se le daba vida a una oposición programática, como institución política, en un claro e inconfundible ejemplo de asimilación de lo que debe ser la democracia, en la que gobierna quien gana y vigila o critica el perdedor o quien está en desacuerdo con las propuestas o manejos, ante los cuales lo respetable es que se presenten alternativas reales y serias, y no obrar con impostura apropiándose la voluntad de los demás o usurpándola a través del embuste, como pescadores en río revuelto. Esta ocurrencia le da al manejo del estado la apariencia de gazapera, que por fortuna no ha logrado descarrilar el tren de la paz, cuando uno de los grandes actores de la guerra y el gobierno han tomado en serio la decisión de parar el desangre fratricida y permitir el retorno de la racionalidad, para que las diferencias, desigualdades e injusticias se resuelvan a través de las instituciones cuya vigencia es imperativo general que hay que defender, como logro asegurador de respeto a la libertad y a los derechos inalienables de las personas. De allí que lo prudente y lógico sea esperar que los ciudadanos tomen parte activa haciéndose sentir en los momentos decisorios, para que no le dañen sus sueños ni le frustren la esperanza. Combatir la impostura es deber inexcusable de todos, porque lo que está en juego es la solidez del futuro nacional en paz.

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