Cuando alguien adviene al servicio oficial recibe uno de los más grandes honores que dispensa la sociedad al confiarle ser parte de uno de los tres poderes, órganos o soportes del Estado, sea en la rama ejecutiva, la legislativa o la judicial. Lo anterior debe estar precedido de la prestación del juramento de que en el desempeño se cumplirá lo reglado por la Constitución, las leyes, los reglamentos y deberes del cargo. O sea, actuar con diligencia, honradez y aptitud. No es lo mismo que cuando la vinculación tiene lugar a una empresa o negocio privado, en que se procede mediante la oferta y aceptación, salvo en actividades en que el escogimiento es a través de concurso libre y abierto, en forma parecida a como se hace para la provisión de los que son de carrera en lo público. En ambos casos, el vinculado o contratado adquiere con el vinculante o contratante derechos, deberes y responsabilidades. La aplicación al trabajo encomendado siempre debe ceñirse al compromiso ético de buena fe, lealtad y eficiencia, y cuando en cualquiera de esos sectores el asalariado desacata las instrucciones u órdenes legítimas de sus superiores, es deficiente, pierde el rumbo o incurre en venalidad, la consecuencia lógica es la declaratoria de insubsistencia o el despido por justa causa. Esto último por lo general se cumple en lo privado y muy poco en lo público, porque este sector parece que no le perteneciera a nadie siendo que es de todos.
Si el servidor oficial falla lesiona al órgano al que está vinculado y por ende al Estado, que como una mesa de tres patas a la que se le daña o pierde una, se cae, pues en él están comprendidas todas las instituciones y el pueblo. Sin conciencia de lo que expresan, o tal vez para soslayar su indiferencia con las pilatunas que desde hace décadas y en forma continua vienen repitiéndose en la administración pública en todos sus niveles, a las que infortunadamente nos estamos acostumbrado, hay quienes corean que hoy es un grave riesgo aceptar y desempeñar en ella un cargo, cuando como lo dejamos expuesto, no es eso sino un honor que proviene de la confianza que el conglomerado deposita en el elegido o nombrado. HONOR, así con letras mayúsculas, que implica compromiso con el deber ser.
Guardadas proporciones acerca de la responsabilidad individual en el desempeño de los cargos, su categoría y funciones, no es sólo un honor el que se le discierne al presidente, al gobernador, al alcalde, al congresista, al diputado y al concejal al elegírseles, sino también el que se le confiere a quien se vincula como celador del edificio estatal, porque el servicio que presta como custodio de un bien público se extiende a toda la sociedad que es la titular de ese interés. Despréndese de ello que trabajar para el Estado es muy honroso, por lo que se debe tener hacia él absolutos respeto y consideración. Estas dos condiciones deben satisfacerlas los servidores oficiales ahora y siempre. Lamentablemente se ha convertido en constante de inmoralidad y desvergüenza que hay que lamentar y criticar, que en múltiples ocasiones el acceso a cargos públicos se hace con la obsesión de enriquecimiento sin causa, lo que constituye grave afrenta y traición a los asociados que deben merecer reprobación con severas sanciones, pues direccionar la contratación en provecho propio o de terceros, regalar los dineros de los contribuyentes o apropiárselos, es crimen de lesa humanidad que merece las más alta condena y la interdicción perpetua para el ejercicio de destinos públicos.

















