
Por sexto año consecutivo, el Gobierno de Venezuela decretó la Emergencia Económica, medida que sirve como un estado de excepción constitucional usado para atender la crisis que atraviesa el país bolivariano.
Según el Ministerio de Información venezolano, la medida fue prorrogada por circunstancias “extraordinarias en el ámbito social, económico y político” que afecten el orden constitucional “la paz social, la seguridad de la nación, de las instituciones públicas y a los ciudadanos de la República”.
Con este decreto el Gobierno espera adoptar las medidas necesarias para “asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y preservar el orden interno y garantizar el acceso oportuno a los bienes y servicios esenciales” dice el ministerio en su comunicado.
Con este instrumento, el Gobierno venezolano puede disponer de los recursos del estado sin necesidad de someterse a los controles del parlamento, actualmente de mayoría opositora. Además el estado puede disponer de los bienes o mercancías de las empresas privadas para garantizar el abastecimiento de bienes de consumo y regular el sistema monetario y el acceso a moneda local y extranjera.















