El informe de la Procuraduría

93

Increíble… pero cierto. Lo que desde hace meses atrás se venía denunciando en torno a la alta concentración de corrupción que existía dentro del Programa de Alimentación Escolar-PAE a nivel nacional ha sido confirmado, luego de un detallado estudio e investigación adelantados por la Procuraduría General de la Nación.

La millonaria cantidad de recursos que se destinaron para el Programa de Alimentación Escolar entre los años 2013 y el 2017 llegó a los 3,7 billones de pesos, de los cuales 655 mil millones quedaron en poder de cinco personas, que a través de fundaciones participaron en la contratación de suministro de alimentación a los estudiantes de las instituciones públicas.

De acuerdo con el análisis que esboza el Procurador Fernando Carrillo, “los pocos oferentes para prestar el servicio de alimentación escolar cartelizaron la contratación. Hoy, la mayoría de contratos están en manos de un grupo reducido de contratistas”. La sentencia no puede ser más grave y delicada, toda vez que no solamente confirma la acción corrupta en el proceso, sino que queda en evidencia la urgente necesidad de reestructurar todo el programa, para brindar la doble garantía que guía el propósito: la alimentación de los estudiantes y que los recursos destinados no se tomen otros rumbos.

De plano, nos parece por demás oportuno que la Procuraduría haya anunciado la creación de un plan que le hará seguimiento especial a la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar, en todo el país. La situación desatada por el saqueo y lo que concierne al aspecto nutricional de los infantes y jóvenes estudiantes, no puede ameritar sino una acción conjunta y ejemplarizante que brinde luces a futuro para esta ignominia nacional.

Esa investigación debe dar bases para que se prosiga en la tarea de desenmascarar a los responsables de esta acción criminal contra la niñez y el erario. Dentro de ese procedimiento se espera que la Fiscalía General también proceda en consecuencia y arroje pronto los resultados de sus investigaciones, tal como oportunamente también lo está haciendo la Contraloría General de la República.

Otro hecho que llama la atención es que nuevamente los departamentos costeños aparecen en los primeros lugares, con millonarios recursos que han tomado otros destinos. Así es como La Guajira registra algo más de 20 mil millones de pesos embolatados dentro de las irregularidades detectadas en el PAE, seguido por el Cesar con $7.842 millones y Atlántico con $2.258 millones, de donde tampoco se escapan Magdalena, Sucre y Bolívar, con millones de pesos que no cumplieron con su destinación.

Este año ha quedado de amarga experiencia y el que viene requerirá de medidas y determinaciones más consecuentes con esta cruda realidad que deja la corrupción en el país, para evitar en lo posible que esos millonarios recursos vuelvan a tomar el rumbo equivocado y de no servir a la formación nutricional de los estudiantes de nuestras escuelas públicas. Ojalá así sea.

Comentarios

Comentarios




Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *