Existen hechos en la vida del país que se han vuelto cíclicos. Cada año, al iniciar los primeros días de diciembre, está programada la reunión de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, conformada por representantes del Gobierno, los gremios económicos y la clase trabajadora. Su misión: fijar mediante consenso el que será el nuevo salario mínimo del próximo año.
Sabido es, también, que otro hecho cíclico lo constituye que esa fijación sea establecida por el Gobierno Nacional, a través de decreto. Sin embargo, las directrices de la ley hay que cumplirlas y ellas ordenan que la Comisión deba reunirse y que en ella participen los representantes de cada sector.
Así las cosas, desde el martes comenzó la deliberación y el análisis sobre los diversos factores que han de tenerse en cuenta para establecer mediante la concertación, el que podría ser el salario mínimo para el 2018.
Para llegar a esa decisión, se tiene previsto que entidades como el banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación e incluso el Dane, den a conocer a la Comisión los comportamientos, previsiones y proyecciones de los indicadores económicos y sociales más importantes y que inciden en la situación del país. Allí están incluidos el índice de la productividad, el nivel de desempleo que se registra, la inflación actual y la proyectada, y la expectativa que se cierne en torno a lo que será el Producto Interno Bruto-PIB para el próximo año, en atención a que este periodo su índice no superará el 2 por ciento.
De hecho, ante tales indicadores, las centrales obreras reiteran su posición de que el salario mínimo para el 2018 debería estar por encima del 9 por ciento, porcentaje este muy distante del apenas 4,5 que solicitan los gremios económicos.
Lo cierto de todo es que entre el sentido de la responsabilidad social a que se les llama a los gremios y una petición ajustada a la realidad del país que se les solicita al sector sindical, se debatirá la fijación del salario mínimo en la Comisión Nacional. La importancia de esta concertación radica en que se estudien con detalle las propuestas y que puedan las centrales y los gremios acercarse a un punto equilibrado, para que pueda así definirse el nuevo salario, sin olvidarse que se está tratando de un asunto vital para millones de compatriotas y que su establecimiento bien podría servir de puente para reactivar la economía, al existir más posibilidad de consumo.
Frente a lo anterior, no debe perderse de vista tampoco, que un aumento más allá de los límites reales que demarcan la economía colombiana, podría traer como consecuencia una prolongación más larga de la anhelada reactivación y con ello un mayor índice de trabajo informal.
La situación, pues, queda así planteada, a la espera que los representantes de cada sector sepan en conjunto y de manera concertada definir lo mejor para el país.















