
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le negó el principio de oportunidad al empresario Leo Eisenband, investigado por supuestas irregularidades en la compra del centro comercial Villa Country a la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Eisenband, quien desde 1979 es la cabeza del grupo Fedco, habría comprado el centro comercial Villa Country de Barranquilla al ex fiscal y depositario de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Camilo Bula, por $18.362 millones.
Tras varias pesquisas, las autoridades lograron demostrar que este bien (en su momento, propiedad del clan ilegal de los Nasser Arana) fue vendido por un precio mucho menor al real.
Camilo Bula, ex liquidador en la DNE y testigo estrella del caso, ya le contó a la Fiscalía cómo se adulteraron avalúos y se falsificaron actos notariales para beneficiar a Eisenband.
La Fiscalía General negó el principio de oportunidad porque el empresario no devolvió los recursos apropiados y tomó la decisión de imputarle el delito de peculado al empresario en los próximos días.
Para recordar a los lectores la historia del clan Nasser Arana DIARIO LA LIBERTAD publica un artículo de Semana en el que se da cuenta de los bienes que poseían y cómo fueron feriados por políticos locales en complicidad con funcionarios de la desaparecida DNE.
La verdadera joya de los Nasser
Los bienes de la familia Nasser Arana han sido, tal vez, el tesoro más grande que ha quedado en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes. A diferencia de otros grupos de narcos, que usan todo tipo de triquiñuelas para esconder sus ganancias, los bienes de este clan barranquillero fueron fáciles de ubicar porque estaban agrupados en una sola sociedad.
A Sheila Arana la detuvieron en Suiza, en 1994, luego la extraditaron a Estados Unidos, donde pagó una condena de nueve años de cárcel, y regresó a Barranquilla en 2002. Por la misma época en la que murió el jefe del clan, Julio Nasser.
Los esposos Nasser Arana acumularon en más de tres décadas una enorme fortuna, la cual se reflejaba en propiedades ubicadas en la zona de mayor valor urbanístico en la década de los años ochenta: en la 72 está el Hotel El Prado, a menos de 100 metros está el edificio Miss Universo, donde tenían decenas de oficinas y parqueaderos; en la misma cuadra, el centro ejecutivo de la 54; una cuadra más arriba, en la 55 con 72, el centro Ejecutivo II, donde funcionaba Corelca, y donde tenían varias oficinas y parqueaderos y en la calle 78 con 53 uno de los más prósperos centros comerciales de la ciudad, Villa Country, vendido en 18.000 millones de pesos.
En 2007 les aplicaron extinción de dominio a 270 bienes inmuebles entre apartamentos, casas, oficinas, fincas, parqueaderos y centros comerciales, los cuales eran administrados por Promocón, una inmobiliaria de la familia. El Hotel El Prado, la propiedad consentida del clan, se manejaba a través de una sociedad independiente. Y por eso, durante años se ha pensado que el emblemático hotel de Barranquilla era la propiedad más valiosa de los Nasser Arana. El precio de venta ha rondado entre los 35.000 y los 50.000 millones de pesos, pero expertos en avalúos sostienen que podría ser superior, porque además de la estructura antigua edificada en los años treinta, tiene una torre más moderna que nunca ha estado en servicio.
Lo que no se sabe es que la propiedad que posiblemente puede costar mucho más que el propio Hotel El Prado –e incluso que todos los demás bienes juntos– son los predios Casablanca y Cuba, ubicados en la Vía al Mar, a 500 metros del peaje de Puerto Colombia y a escasos 4 kilómetros de Barranquilla en una zona donde está previsto el mayor desarrollo urbanístico, y en donde hoy están los colegios más importantes, así como universidades y clubes, y se tiene previsto el desarrollo de nuevas clínicas.
Cuba tiene 256 hectáreas y Casablanca, 480. Estas fincas estuvieron a punto de ser vendidas y la DNE suspendió el proceso. SEMANA consultó con especialistas en finca raíz el precio de la hectárea en la zona, pero esas tierras ya se venden por metro cuadrado. Cada hectárea termina costando entre 800 y 1.500 millones de pesos. Es decir, la DNE podría vender los dos predios por una cifra que va de 572.000 millones a 1 billón de pesos. Una suma nada despreciable, pues es casi el presupuesto anual del departamento del Atlántico.
Los dos predios tienen como depositaria a Liliana Inés Barrios García, con quien SEMANA ha intentado hablar pero el cuidandero de la finca dice no conocerla a ella sino a una señora que se llama Isabel Cristina Vega, quien da información sobre la explotación de las canteras que hay en esos predios. Esta revista ha intentado obtener explicaciones de la DNE –por vía telefónica y mediante derechos de petición– pero no se ha tenido aún respuesta. Así mismo es inexplicable que Liliana Barrios García siga siendo depositaria de bienes de la DNE, pues en 2010 el entonces director Juan Carlos Vélez la denunció como una de las depositarias de una ladrillera incautada, en la cual el Estado tuvo un importante detrimento patrimonial.
Por esa falta de claridad, entre otras, todo indica que con estos dos predios –que desde ahora pueden considerarse la joya de la Corona– podría ocurrir lo que ya pasó con otros bienes de los Nasser, que fueron vendidos por menos de la mitad de su precio real. Bienes que los depositarios, además, administraron de manera irregular o poco transparente.
El último depositario de Promocón, Camilo Bula Galiano, está detenido y acusado por la Fiscalía de haber sido el causante de un detrimento patrimonial al vender por menos de su valor real el centro comercial Villa Country, así como también otras propiedades.
Un caso particular fue el de las casas del bulevar de la 51, que fueron adquiridas una por la familia de Julio Gerlein –a través de la firma Inveractiva– y otra por el empresario David Name Terán. Gerlein, por ejemplo compró por 604 millones de pesos hace unos tres años una casa de 1.400 metros cuadrados. La otra casa que salió a la venta la tenía alquilada la Corporación Respetable Logia Luz Hermética, y su representante, el contratista David Name Terán, le propuso a la DNE que se la entregaran en dación en pago como reconocimiento de unas mejoras. En Barranquilla en ese entonces decía con aire de malicia: “¡Una para ti, una para mí…!”, trayendo a la memoria lo que ha ocurrido durante años con los cargos y contratos públicos entre las familias Gerlein y Name.
El manejo de los bienes de los Nasser Arana es una de las razones por las cuales están investigados los exdirectores de la DNE Carlos Albornoz y Omar Figueroa. La DNE, hoy en liquidación, sigue sin tener músculo suficiente para controlar lo que sus depositarios hacen con las miles de propiedades que administran. En estas circunstancias, es hora de que el gobierno diseñe un plan especial para estas dos joyas, en lo posible, antes de que se las tomen los gallinazos.
Con información de La W y de Semana.
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