Así convencieron a los españoles de comprar al mayor accionista de Triple A en U$73 millones cuando no valía ni 7

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“Un atractivo trampolín para el inicio de las operaciones del Canal de Isabel II en el continente americano”.

Con ese argumento presentó el director gerente del Canal de Isabel II, Arturo Canalda, la compra de la empresa barranquillera Inassa por 73 millones de dólares, una operación que en realidad fue un desfalco millonario a las arcas públicas de la Comunidad de Madrid.

Según los investigadores del ‘Caso Lezo’, el Consejo de Administración del Canal trató el negocio en una reunión del 8 de octubre y posteriormente en otra del 14 de noviembre de 2001, en la que se aprobó realizar una oferta por el 75 % de Inassa por 73 millones de dólares, una empresa que se había valorado en poco más de 7 millones un año antes.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde a esa operación el 29 de noviembre, con firma del presidente regional, Alberto Ruiz Gallardón, y la operación se hizo a través de la filial Canal Extensia.

Pero, en realidad, lo que hizo el Canal fue comprar una empresa de papel panameña llamada Sociedad Aguas de América, creada poco tiempo antes por los socios barranquilleros y españoles con el único propósito de realizar este negocio. Tan pronto les pagaron la desaparecieron.

Se prevé que la Fiscalía de España llame como imputado a Gallardón por la compra de Inassa al considerar que causó un desfalco de unos 70 millones de euros a las arcas públicas. 

En la reunión del Consejo de Administración del 8 de octubre de 2001, Arturo Canalda ofreció una serie de datos sobre Inassa, empresa barranquillera propietaria de la empresa Agua, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, conocida como la Triple A, que tenía además presencia en República Dominicana, Ecuador, Venezuela.

Según expuso Canalda, la facturación anual de la Triple A era de unos U$73 millones.

“Un negocio básico seguro cuyos ingresos deben rebasar los 80 millones de dólares cuando se terminen las ampliaciones de la concesión a zonas metropolitanas que están en curso”.

Es decir, tenía “una buena tarifa, sostenible y equilibrada”, expuso Canalda, quien justificó la compra en “la oportunidad ante la actual situación del mercado, la falta de compromisos futuros de inversión, la madurez del negocio, la excelente gestión de la empresa, la recomendación del Banco Mundial” y en la capacidad, conocimiento y experiencia del Canal en el sector.

Todo ello, dijo, hacía de la operación “un atractivo trampolín” para la entrada del Canal en América.

El consejero Agapito Ramos, tomó la palabra para pedir “minuciosidad” en el estudio de la operación, para que el Canal no actuase como “una Ong”.  Mientras que el consejero José Antonio Llanos, dudó de tanta maravilla y preguntó por qué si esa empresa tenía resultados tan positivos se ponía a la venta. 

Lo que los investigadores creen ahora es que todo fue un ardid para ‘tumbar’ al Canal.

En su momento se facultó a la dirección del Canal a preparar una oferta, luego se autorizó la operación por unanimidad en el siguiente Consejo, el 14 de noviembre, por U$73 millones.

El presidente del Canal, Pedro Calvo, afirmó que la operación era positiva “a la vista de los informes existentes”. Además, defendió que “el posible o hipotético riesgo que todo negocio lleva implícito” estaba “valorado y asegurado económicamente”.

Así se fraguó la operación que permitió la entrada del Canal de Isabel II en América. La compra de Inassa es el origen de las posteriores actuaciones que se investigan. Entre estas, la compra de Emissao, otra empresa por la que se pagó también un exagerado sobreprecio.

Por esta trama de corrupción está en prisión el expresidente madrileño Ignacio González y el ex presidente de Inassa y de la Junta Directiva de la Triple A, Edmundo Rodríguez Sobrino. Preso en Colombia y a la espera de ser extraditado a España también está el ex funcionario de Inassa, el colombiano Diego García Arias. 

 

Con información de Público.

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