Las personas apegadas al bien jamás serán cuestionadas. Quienes delinquen no pueden gozar del mismo aprecio ciudadano, así sus vidas se desenvuelvan en aparentes comportamientos de honestidad. Pero si los ríos, se dice, suenan por arrastrar muchas piedras, será cuestión de tiempo para hacer conocer sus debilidades por lo delictivo, aun gozando, con oscuros egos, de las más altas calificaciones académicas y profesionales.
Desde la propia estructura del Estado colombiano estamos sintiendo los vientos de la corrupción. Las ramas del poder público (legislativa, ejecutiva y judicial) hoy, como en la historia más cercana, han sido objeto de acervas críticas por sus funcionamientos atentatorios contra la moralidad, con las consabidas excepciones del caso entre sus miembros. “Ser pillo, paga”, es lo que se escucha a lo largo y ancho del país, sin que se le rebaje la más mínima interpretación a esta espantosa realidad.
Los que conforman la ya conocida reserva moral en esas instancias del poder público están librando una ardua lucha contra los corruptos togados y los políticos de la misma calaña asentados en el Congreso y en la Presidencia de la Republica. Esos excepcionales casos los encarnan Jorge Enrique Robledo y Claudia López en su función de parlamentarios que velan por el control político que les asiste, donde lo moral está implícitamente contenido. Y las bancadas que representan a los corruptos corean aquello de “la unidad hace la fuerza”, en la vieja táctica de uno a todos.
Su inveterada politiquería los sume en ridículas posturas emocionales para infundir el miedo con aquello del “castro-chavismo”, lo que les permite eludir un debate de fondo, con todo el peso racional, para dirimir el problema de la corrupción de cara al país. Por ello, desinforman, falsean y calumnian sin escrúpulos. Al candidato Sergio Fajardo le desconocen su eficiente capacidad administrativa. Y a Humberto De la Calle, su espíritu pacificador que conducirá a la reconciliación.
Los nombres de esos cuatro políticos que nada han tenido que ver con el narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla, la politiquería y la corrupción, quieren acabarlos a como dé lugar por el favorecimiento que ellos han tenido en las últimas encuestas. Así, las mentiras, los odios y las temeridades, son sus banderas a mostrar ante las clientelas domesticadas que les abren sus brazos imploradores de mermelada, sin que la patanería y los enfermizos delirios sean menos importantes en sus agendas para atropellar a sus críticos.
Es claro que sobre la base de tenerle temor a los cambios que Colombia pide a gritos por estar cansada hasta el cogote por tanta delincuencia soterrada y abierta en la estructura del Estado, con sus muchos aliados del sector privado, tienen que escuchar con reserva el discurso optimista de sus contradictores cuando plantean un país donde se visione el progreso atado a los principios de la modernidad que reivindica, sobre todo, el pluralismo, la convivencia y la democracia fundada en los derechos humanos.
El temor que sienten por la Justicia Especial para la Paz (JEP), estriba en que muchos de sus actores y secuaces tienen que declarar ante ese organismo la forma cómo patrocinaron tantas masacres en nombre del paramilitarismo. Si los dirigentes de las Farc y sus amigotes lo tienen que hacer, ¿por qué ellos van a ser favorecidos en este baño de sangre?














