La Ley 1257 de 2008 apunta a la sensibilización, con un enfoque humanista, a la prevención, con la firme convicción del alcance que tiene el realizar un trabajo pedagógico, por fuera de la academia misma, y a la sanción de las violencias y discriminaciones que a lo largo de la historia, han padecido las mujeres, debido a la cultura misma que nos caracteriza y el empeño inflexible de cambiarla.
Su objeto no es otro que garantizar a las mujeres una vida libre de violencias y la adopción de medidas y políticas públicas necesarias para su realización, supone un verdadero y real acceso a la justicia, donde no se reserven derechos de admisión y conocimiento de casos, adopción de recursos judiciales sencillos, rápidos, sin discriminación, imparciales para investigar, sancionar y reparar. Se pretende prevenir la impunidad, desde varias ópticas, pero siempre apuntando a la eliminación de los maltratos padecidos a mujeres y niñas por razones de género en el territorio colombiano.
No obstante, ad-portas de una década de su expedición, se observan obstáculos, equivocaciones en los trámites, remisiones y diligenciamientos, vulneraciones de derechos, omisiones por parte de servidores públicos, desconocimiento de la ley por parte de la comunidad y de funcionarios, ineficacia en la adopción de medidas de atención y protección que garanticen cuidados, estabilización, resguardo de integridad física; así mismo, se encuentran atascos frente a la atención y trámites administrativos propios de las Comisarías de Familia, Inspección de Policía, Fiscalías encargadas, Centros de Salud, EPS, Secretarías e instituciones dedicadas a la atención recepción y seguimiento de casos.
Al hacer un recorrido mental de lo que sería un abordaje real a una mujer víctima de violencia, es claro que, para muchas personas, es más fácil refugiarse o buscar apoyo en la Policía Nacional, siendo esta la autoridad primaria y, por ende, conocedora de la situación de violencia. Se observa que las líneas habilitadas para la comunicación entre comunidad y autoridad, presentan fallas (en el mejor de los casos) o no son atendidas oportunamente. En otros contextos, se busca ayuda en Comisarías de Familia, por ser esta la autoridad competente para conocer los frecuentes asuntos de violencia intrafamiliar. Se enfrentan a trámites tediosos o engorrosos, poca cobertura, instalaciones deprimentes, carencia de equipo interdisciplinario, desconocimiento de la ley y de las competencias propias del cargo. En las Inspecciones de Policía, es poco el manejo que tienen de la Ley 1257 de 2008 y tienden a resolver todos los casos, con audiencias de conciliación.
Tampoco ha habido avances en las medidas de atención, puesto que el número de los casos de mujeres solicitantes o necesitadas de estas medidas, no corresponden con las que han sido “beneficiadas”; las EPS no brindan servicio integral a las mujeres y a sus hijos e hijas, la Fiscalía les resta importancia a los casos, sólo se avanza en los que son de público conocimiento, es decir, en los que hay una presión mediática y social.
Son obstáculos apoyados en una verdadera falla en el sistema, o, en los sectores que le integran, salud, educación y/o judicial, que día tras día no dejan de recibir quejas, denuncias y solicitud de reconocimiento de derechos violentados por las instituciones que le integran. Las mujeres y niñas se vuelven víctimas de una violencia institucional o son revictimizadas por parte de las autoridades, que están ocupando los debidos cargos para promover, garantizar, proteger, salvaguardar los derechos de las féminas, y no para incurrir en vulneraciones o convertirse en hacedores de violencias, detrás de un escritorio.
Se concluye entonces, que se ha marchado lentamente en la erradicación de violencias hacia las mujeres y niñas, permitiéndonos deducir que los avances tienden a ser casi que invisibles, cuando no hay voluntad política por parte de quienes la ley ha señalado como competentes.
Las usuarias de un servicio carente de calidad e integralidad y las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, quienes le hacen seguimiento a esta herramienta jurídica y a las autoridades competentes; muestran descontento, inconformismo y decepción al visualizar y experimentar estas fallas en la atención. Una cosa es el bonito espíritu de la ley, y otra cosa es la cruda y dura realidad.
* Abogada Defensora de Derechos Humanos















