
Los residentes del barrio Altos de El Rubí, un sector ubicado en el suroccidente de Barranquilla que los acusan de invasores nuevamente protestaron ante el desespero inminente de desalojo y demolición de sus viviendas que no los deja dormir en paz.
En esta ocasión la marcha inició desde el sector de El Rubí bajó por la carrera 36 y llegó hasta la Circunvalar con carrera 27. Cientos de personas con pancartas, megáfonos y arengas reclamaban el derecho a poder permanecer en tranquilidad en sus viviendas.
Hasta la fecha desde la primera demolición realizada por el Distrito en octubre de 2016 y en junio de 2017 se han demolido 36 inmuebles.
La marcha congregó a más de 200 familias que residen en igual número de inmuebles construidos en este sector.
La Asociación de Mujeres de El Rubí estuvieron como garantes para que los derechos humanos no fueran vulnerados.
LA LIBERTAD dialogó con ellos, tienen temor, están desesperados y ven su futuro incierto ante las amenazas constantes de demolición.
Aseguran que no son invasores que compraron los lotes de buena fe a Luis Alfredo Hernández Gores, quien en su momento inició un proceso de pertenencia y que días antes del fallo fue asesinada en la carrera 26 con calle 83, del barrio Me Quejo al suroccidente de Barranquilla.
La comunidad reclama la oportunidad de poder dialogar con el alcalde Alejandro Char y con el secretario de Control Urbano y Espacio Público, Henry Cáceres. Solicitan que los escuchen y poder iniciar unas mesas de trabajo que conduzcan a unos acuerdos que los deje vivir tranquilos y no en la zozobra en la que viven día a día.
“Tenemos material probatorio de como adquirimos nuestros lotes y eso lo queremos mostrar al Distrito, hemos pasado varios oficios y no hemos recibido respuesta alguna, nos pasan de dependencia a dependencia, el 4 de octubre insistimos pero no nos han escuchado”, expresó una de las personas que hace parte de la comunidad de El Rubí.
La comunidad se mostró en contra del calificativo de invasores, ellos consideran que adquirieron los lotes de manera legal y que merecen como tal ser tratados, “el término de invasores no se debe aplicar porque atenta contra el buen nombre de la comunidad, nosotros somos personas de buena fe, construimos las viviendas bajo el principio de legítima confianza, lo que está compuesto por la compra de buena fe y la responsabilidad del Distrito de haber sido permisivo durante cinco años y dejar que la gente construyera sus viviendas para luego venir a demolerlas”, dijo una de las mujeres de la comunidad.
Ellos consideran que el Distrito tiene una responsabilidad importante en el detrimento patrimonial de cada una de las personas que se les demolió sus casas.”No queremos que nos pase lo mismo, por eso nos hemos acercado a los funcionarios para que haya un diálogo con nosotros”, expresaron.
Los residentes de El Rubí consideran que sus derechos fundamentales y humanos viene siendo vulnerados, “siendo Colombia un país garante como Estado de derecho se nos deben respetar por parte del Distrito”, dijeron.















