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Debido al decreto 431 del 14 de marzo de 2017, que el Gobierno pondrá en marcha en diciembre, los conductores de empresas de transporte especial quedarán en el “aire”, ya que según ellos nadie responderá por ellos.
El decreto en cuestión contempla la expropiación del 80% de los 50.000 vehículos que circulan en el país.
“La expropiación iniciará el 31 de diciembre con los modelos 89 y anteriores, es decir, sacarlos de circulación sin ninguna indemnización”, explicó Rosember Guerrero, vocero del Comité Prodefensa del servicio especial.
Los conductores señalan que esta medida afectará de forma negativa a sus familias y, según Guerrero, no descartan que detrás de este decreto estén grandes empresarios interesados en quedarse con el negocio del transporte especial.
Por su parte, el representante legal del gremio calificó a la medida de “ilegal”, debido a que atenta contra el bloque constitucional y los derechos de los conductores.
“El Gobierno se expone a sanciones de carácter penal, administrativo porque se están violentando derechos fundamentales”, aseguró el abogado Luis Escorcia.
Los conductores han dicho que quieren sentarse a negociar con el Gobierno para buscar una solución a la situación.















