En Cartagena se observa un “boom de la construcción inmobiliaria” y por cada proyecto legal hay dos, y hasta más, ilegales.
Con la caída del edificio Portales de Blas de Lezo II se destapó la olla podrida de las construcciones ilegales en Cartagena. El reciente caso del desplome del edificio es la más viva muestra del afán desmedido de riqueza afianzado sobre vicios, carencias gubernamentales, corrupción y pésimas prácticas profesionales que, había demorado en explotar, y desafortunadamente lo hace con el saldo trágico de una veintena de muertos y otro tanto de heridos.
Acorde con inspección hecha luego del accidente del edificio, la secretaría de Planeación y la curaduría dio como resultado que actualmente en Cartagena se visitaron 75 obras las cuales fueron inspeccionadas, dando como resultado que 48 no tenían licencia. En la Localidad 1, el Distrito visitó 47 obras e identificó que 32 de estas no tienen sus respectivas licencias de construcción.
Y las normas para evitar esto? La aplicación de las normas es altamente deficiente. Los aspectos que tienen que ver con el uso de la tierra, ya sea en cuanto a los usos permitidos o en cuanto a la ocupación del suelo y área de construcción, son aplicados de tal manera que parezca que están ajustados a la norma, cuando en realidad no lo están cumpliendo lo estipulado en el POT de Cartagena.
Acorde con lo expuesto por la Sociedad Colombiana de Arquitectos los cuales se expresan de esta manera: En este duro trance, además de las víctimas directas del siniestro, la mayor afectada es la Alcaldía Mayor de Cartagena con su enmarañada cauda burocrática de las Alcaldías de las Localidades, Control Urbano y la Secretaría de Planeación Distrital. Por una sencilla razón: son ellos los que tienen la responsabilidad de que las edificaciones que se levanten se ajusten a las normas del POT y a la calidad requerida. En la realidad poco, o nada, de ello se cumple por la inmensa corrupción que afecta esos procesos. Los constructores inescrupulosos actúan sin miedo pues saben que impunemente pueden adelantar sus obras violando los requisitos de ley sin ser sancionados o sus obras clandestinas demolidas. El asunto es sencillo, todo se arregla con dinero. Dentro de los gastos de construcción se incluye una suma destinada a pagar las “picúas” de los funcionarios que tienen a cargo del control. Descaradamente pasan por las construcciones dizque a inspeccionar en busca de la coima que silencia sin pudor cualquier anomalía. No importa cuán flagrante sea: varios pisos de más; ausencia, o insuficiencia, de parqueaderos; carencia de retiros; licencias falsas; planos que no correspondan a la obra realmente en construcción.
Hasta antes de la desgracia de Blas de Lezo ha comenzado a destapar una gran olla que tiene como ingredientes y lo que nunca dijeron Camacol, Planeación Distrital, la SIAB y la Cámara de Comercio es que por cada proyecto de construcción legal, había más de dos ilegales.
El crecimiento desordenado no solo afecta la ciudad en cuanto al paisaje sino que, además, trae problemas de desempleo, inseguridad y gaminismo, entre otros.














