La justicia transicional alude a las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión utilizan para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada.
La expresión “justicia transicional” la acuñaron en la década de 1990 varios académicos estadounidenses para aludir a las diferentes maneras que tenían los países de solventar los problemas que se les presentaban cuando un Gobierno llegaba al poder después de que sus antecesores cometieron violaciones de derechos humanos masivas.
En sus mejores manifestaciones, la práctica actual de la justicia transicional constituye un intento de plantearle cara a la impunidad, aplicar reparaciones eficaces y evitar la repetición de crímenes, no mediante la aplicación rutinaria de criterios normativos, sino a través de una cuidadosa y patente(clara) evaluación de los contextos en los que hay que actuar.
La justicia transicional no es un método para acabar con todos los defectos de una sociedad. Las prolongadas luchas sociales y políticas en pro de la justicia y la igualdad de oportunidades pueden beneficiarse de la justicia transicional, pero no se acaban con ella.
No es un tipo concreto de justicia, como la reparadora, la distributiva o la retributiva. Es la aplicación a determinadas circunstancia de una política basada en los derechos humanos.
No es una justicia “blanda”. Intenta proporcionar las medidas de justicia más relevantes en las condiciones políticas de cada momento. Si sólo pretende esquivar la aprobación de medidas de justicia coherente, no es más que una impunidad más sutil.
A veces es innecesariamente confuso precisar si un país está o no en “transición”, pero, en la práctica, no es tan complicado. De lo que se trata es de saber si ha surgido una oportunidad, aunque sea limitada, de afrontar las violaciones de derechos masivas.
Estas oportunidades se suelen presentar con más frecuencia relacionadas de una u otra manera, con procesos de paz que pretenden poner fin a conflictos armados internos, ya que las partes que negocian y otros participantes en las conversaciones intentan incorporar a los acuerdos elementos relacionados con la justicia. A veces estos reflejan reivindicaciones de la sociedad civil y de asociaciones de víctimas que buscan justicia. Entre los ejemplos a este respecto figuran Colombia, Guatemala, El Salvador, Sierra Leona, la República Democrática del Congo, Liberia, Sudán del Sur, Filipinas, Nepal y otros países. En algunos de esos casos el conflicto armado se ha producido al mismo tiempo que las violaciones de derechos de un régimen profundamente represivo.
En algunas situaciones, la magnitud de los abusos y la fragilidad social saltan a la vista, pero la oportunidad es menor. Ejemplos de esta situación son Afganistán e Irak, donde la guerra continúa. Fuente: apartes de “Qué es la justicia transicional”, ICTJ, Centro Internacional por la Justicia Transicional. Que es una organización internacional sin ánimo de lucro especializada en la justicia en períodos de transición.
En el caso específico de Colombia, en que luego de los acuerdos de paz definitivos con la insurgencia Farc y el gobierno del Presidente doctor Juan Manuel Santos Calderón, y en que se está en conversaciones de paz con la remanente insurgencia armada autodenominada Eln, la justicia transicional, denominada JEP, Jurisdicción Especial para la Paz o Justicia Especial de Paz, en que en estos momentos se debate en el Congreso la ley estatutaria de la JEP, y en que se han aprobado 118(septiembre 9/2017) artículos de los 162 que tiene; unos de los opositores(hoy en día) al gobierno de Santos, los de Cambio Radical decidieron votar negativamente(a la larga se ausentaron) en el Congreso tal ley estatutaria. No se comprende que tal partido liderado por Germán Vargas Lleras, quien hasta hace poco pertenecía al gabinete ministerial del gobierno Santos, en que se le dió amplio poder de gasto público, y en esa reciente época no se opuso, abiertamente, a la paz; ahora, que tiene pretensiones presidenciales en la contienda electoral de mayo 2018, se oponga(no se comprende que no vote en el Congreso la ley estatutaria JEP) a la paz en Colombia. Porque es que oponerse a la JEP, es pretender mantener al país en conflicto armado interno por, no se sabe, cuántas décadas más.
Así que, doctor Germán Vargas Lleras, recapacite, que usted sería un buen Presidente, hágalo por el bien de la patria, o despeje el camino a ello renunciando a la gran burocracia estratégica nacional que tiene en el Gobierno central actual. Si no es que el Presidente lo haga antes, abocado a las circunstancias. Ya veremos en las plenarias del Congreso la conducta de los mencionados, ya con parte de tal burocracia renunciada, que debe ser en su totalidad lo más pronto posible, por ética política.
De tal manera que con la JEP, la paz se consolide para que este gobierno y los próximos se concentren en lo económico y social, y así lograr consolidar, por supuesto, un país en expansión, auge y prosperidad. En una Democracia de Economía de Mercado. En un Estado Social de Derecho.
*Ingeniero Civil egresado Universidad de los Andes, Colombia
Capitán de Corbeta Reserva Naval Armada Nacional de Colombia
@raul_arzuza














