
La ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue aprobada en la noche del martes por las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes. A los tribunales de la JEP tendrán que presentarse los actores del conflicto armado involucrados en delitos atroces.
El proyecto fue debatido en cinco sesiones donde la discusión se centró en temas como la centralidad de la víctimas, la reparación integral, su participación efectiva y la satisfacción de sus derechos. Igualmente se discutió el blindaje del contenido para el tratamiento que tendrán que recibir los disidentes, reincidentes y desertores de la JEP, la cual tendrá la competencia de juzgar a los reincidentes, es decir, aquellas personas que después del 1 de diciembre de 2016 volvieron a cometer delitos relacionados a la dejación de armas.
Por su parte la justicia ordinaria juzgará a los disidentes y reincidentes que después del 1 de diciembre de 2016, cometan delitos que no tengan relación alguna con el proceso de dejación de armas, como aquellos individuos que tras haber firmado el acuerdo de paz con el Gobierno, vuelvan a alzarse en armas contra el Estado colombiano como rebeldes o criminales.
Igualmente, quedó claro en el proyecto que el tema de bienes, activos, testaferrato y actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico (ocurridos antes del primero de diciembre de 2016) y que no hayan sido informados oportunamente, dentro del plazo establecido para ello, saldrán de la Justicia Especial para la Paz y quedarán a merced de la justicia ordinaria.
En esta última sesión fueron aprobados los artículos que regulan la aplicación de la amnistía, los que fijan las funciones de la JEP, responsabilidad de mando, tratamientos penales especiales y el que establece la participación en política de los excombatientes, entre otros.















