La Constituyente III

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Recordarán los lectores, que en la columna anterior, destacamos que la Constitución de 1863 era institucionalmente irreformable, por cuanto el respectivo proyecto de reforma requería del voto unánime del Senado de Plenipotenciarios, a razón de uno por cada Estado Federal. Pues bien, el Sr Núñez, desde su primera Presidencia- 1880-1882-, había proclamado su consigna política de “Regeneración Fundamental, o Catástrofe”, la cual implicaba primordialmente la reforma de la Carta Federalista o la expedición de una nueva. En el segundo período presidencial, que se inició en 1884, y que obtuvo con el respaldo electoral de los “Liberales Independientes”, la mayoría costeños y la totalidad del Partido Conservador, el Caudillo de la Regeneración agitó la bandera del cambio constitucional del sistema federal colombiano, lo cual provocó la sublevación de los Estados Federales, dirigidos por líderes políticos del Liberalismo, atizados con arengas belicistas de los Pontífices del Radicalismo nacional, lo cual condujo a la guerra civil contra el Presidente Núñez, quien se vio presionado a pactar con los conservadores, apoyado por los Liberales “Nuñistas”, para evitar su derrocamiento como Presidente de la República. Fue así como, desde el palacio Presidencial, anunció patéticamente, en 1885, la derrota militar del Radicalismo: “La Constitución de 1863 ha dejado de existir, sus páginas manchadas han sido quemadas por las llamas de la “Humareda”. Se aclara que “la Humareda” era un paraje rural, ubicado en el municipio de El Banco, en el departamento del Magdalena, actualmente. Acto seguido el Sr Núñez, por decreto, reemplazó a los Presidentes de los Estados Soberanos, por jefes civiles o militares, aliados de su Gobierno y convocó al Consejo Nacional de Delegatarios, en septiembre de 1885,autorizando a los mencionados jefes seccionales, para que designaran dos delegatarios por cada Estado Federal anterior.

De esa manera se instaló el cuerpo constituyente el 11 de noviembre de 1885, compuesto por 18 miembros, la mitad de los cuales eran independientes y la otra mitad Conservadores.

Con ese número de miembros el Presidente Núñez, quien además de estadista era un político avezado, sabía que podía manejar con fluidez el cuerpo Constituyente aplicando su máxima matemática que decía: “En Política, dos mas dos no son cuatro”.

Instalada esa corporación supraconstitucional solemnemente, les dirigió su mensaje presidencial donde plasmaba su pensamiento ideológico, económico y constitucional, de forma que condenaba todo un programa político y administrativo, como base de la nueva Carta Fundamental que habría de expedirse. Posteriormente el Consejo de Delegatarios, elaboró las bases de la Reforma Constitucional, que fue redactada por los Sres Caro y Ospina Camacho, las cuales fueron sometidas a la aprobación de los Concejos municipales de todo el país, habiendo sido mayoritariamente aprobadas. Tanto  en el documento de marras, como en la nueva Constitución, prevaleció en su contenido filosófico y jurídico, la ideología conservadora, autoritaria y clerical de Don Miguel A. Caro, por cuanto no le dieron oportunidad al brillantes jurista y humanista Don José María Samper, de introducir muchas de sus moderadas y democráticas tesis constitucionales, que hubieran servido para morigerar un poco, el monolítico edificio autoritario, centralista y presidencialista de la Constitución de 1886. También hizo carrera, en esa época, la versión de que el Presidente Núñez, no quedó muy satisfecho con el texto definitivo aprobado en el Consejo de Delegatarios de la Carta de 1886, motivo por el cual no la quiso sancionar personalmente, sino que delegó esa función en el Designado samario, Don José María Campo Serrano.

Las principales normas del texto constitucional de 1886, fueron, para mí, las siguientes: Se reconstituyó la nación en forma unitaria, se transformaron los Estados Federales en Departamentos. Se estableció el período presidencial en seis años, se consagró la Corte Suprema de Justicia de manera vitalicia; se restableció el Consejo de Estado, se estipuló un período de seis años para los Senadores, a razón de tres Departamentos y reelegibles indefinidamente. Los Representantes a la Cámara, se elegían con base en la población de los Departamentos con un período de cuatro años y también reelegibles indefinidamente. Se estableció la pena de muerte para los delitos comunes y se prohibió para los delitos políticos. Se prohibió la pena de confiscación; se consagró que la religión católica es la de la nación, los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada, como esencial elemento del orden social”. El art. 41 disponía que la “educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica”, es decir, un Estado Confesional. Se limitó la libertad de prensa, se prohibieron las Juntas Populares de carácter permanente. Sólo el gobierno podía introducir, fabricar y poseer armas de fuego y municiones de guerra. Las sesiones del Congreso se realizaban cada dos años. Se estipuló que el Presidente y Vicepresidente se elegía popularmente, pero el Designado lo escogía el Congreso por elección cada dos años, quien reemplazaba al Presidente y Vicepresidente en caso de ausencia de estos dos. El Presidente nombraba y separaba libremente a los Gobernadores de Departamentos, nombraba dos Consejeros de Estado, nombraba también a todos los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados de los Tribunales Superiores de ternas que elaboraba la Corte Suprema; nombraba y removía a los funcionarios del Ministerio público. Es decir, un Presidente con poderes de monarca. Finalmente el artículo que se hizo famoso con los años fue el 121, que facultaba al Presidente de la República, en caso de guerra exterior o conmoción interior, previa audiencia del Consejo de Estado, a declarar turbado el orden público y en Estado de Sitio toda la República o parte de ella. Con éste artículo gobernaron la mayoría de los Presidentes conservadores, con rara excepciones, desde 1886, hasta 1991, cuando se expidió la Carta que nos rige actualmente. Esta famosa Carta de 1886, consagró varias disposiciones transitorias, que iban numeradas en letras desde la A. hasta la O, con la cual gobernó la Regeneración durante 24 años; es decir, hasta 1910, cuando asumió la Presidencia del país Don Carlos E Restrepo, quien la puso en plena vigencia.

Pues bien, el art. C. Transitorio, decía: “Tan luego como sea sancionada la presente Constitución, el Consejo Nacional de Delegatarios asumirá funciones legislativas y las que por la misma Constitución corresponden al Congreso…. En su sesión del 9 de diciembre de 1885, eligió como Presidente de la Republica al Dr Rafael Núñez; Vicepresidente al General Eliseo Payán y Designado al General costeño José María Campo Serrano. Núñez gobernó en esa oportunidad hasta el 7 de agosto de 1888, en el que lo reemplazó el designado Don Carlos Holguín. Otro artículo Transitorio de ingrata recordación para el Partido Liberal y de cualquier sector de oposición, en esos años fue el que textualmente ordenaba: “Mientras no se expida la Ley de Imprenta, el Gobierno queda facultado para prevenir y reprimir los abusos de la  prensa”.

Creo que para epilogar esta columna, nada más oportuno que retratar la aciaga época de la Regeneración de Núñez, que recordar el siguiente hecho histórico: Con ocasión de la muerte continua de unos caballos de Palmira, Valle del Cauca, ejecutada por un demente, fue aprovechada por el Presidente encargado Carlos Holguín, para declararla como asonada atentatoria del orden público, obteniendo el respaldo inmediato de las mayorías del Congreso de 1888, para expedir la Ley 61 de ese año, que le confirió facultades extraordinarias para prevenir y reprimir administrativamente todos los delitos y culpas contra el Estado que afecten el orden  público y los atentados contra la propiedad pública o privada; para borrar del escalafón a los militares que por su conducta se hagan indignos de la confianza del gobierno. Las penas para los infortunados sindicados, iban desde el confinamiento, expulsión del territorio, prisión o pérdida de derechos políticos, por el tiempo que crea necesario el poder ejecutivo. A tamaño acto draconiano, lo llamó la historia política del país la “Ley de los Caballos”.

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