La gloriosa marcha del hambre

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Reflexionar sobre la problemática de la educación colombiana en su relación con la “Gloriosa Marcha del Hambre” (24 de septiembre de 1966) promovida por los maestros del departamento del Magdalena, concretamente, este hecho histórico nos aproxima a las vicisitudes de la Historia de la Educación de nuestro país, a sus luchas inconclusas y a sus desafíos del presente pensando en su futuro. Esta apoteósica multitud de educadores magdalenenses, es y debe ser motivo de estudio y homenaje en las escuelas, Facultades de Educación y en las Escuelas Normales. Su importancia histórica radica en los debates surgidos en torno a la financiación de la educación pública en los niveles de la básica y media, debates que aún a pesar del Nuevo Orden Educativo Constitucional de 1991, aún el Estado, sigue en deuda con los actores principalísimos de esta gesta digna y valiente, como son los maestros del ayer, del presente y del futuro. Esta deuda continúa vigente en nuestros días. Este hecho pone en evidencia varias de las dificultades presentes hasta hoy en la educación colombiana, por ejemplo, su financiación y la dignificación de la profesión docente.

Estas dificultades pueden agruparse en tres interrogantes sobre los cuales, la educación del presente nos invita a pensar: ¿Quiénes son los responsables de la educación para no hacer recaer todo el peso de la formación en los maestros? ¿De qué manera deberá exigirse la responsabilidad social del Estado en materia de financiación, para que, la educación no viva del vaivén de los gobiernos de turno? ¿Hasta qué punto la no existencia de una Ley Estatutaria de la educación ha permitido la desfinanciación y no dignificación de la profesión magisterial? Esta gloriosa lucha, que hoy recordamos, hallamos la vinculación de los educadores de El Banco, sólo por citar a las maestras beneméritas de la educación, Edenny Mora Gil y Delfía Ramírez Charris, invita a proponer un diálogo entre colombianos a partir de la conformación de una Magna Asamblea Constituyente Educativa, para exponer desde la sociedad, la familia, los maestros, estudiantes y el Estado todo un conjunto de elementos estructurantes a ser convertidos en: a) Una Política de Estado y b) Una Ley Estatutaria de la Educación.

En este diálogo se pueden distinguir dos momentos. El primero trata el intercambio de intereses entre dichos actores, pero siempre pensando en que la educación es el “primer deber” del Estado para sus integrantes. Es el problema sobre la responsabilidad estatal. El segundo momento nos aproxima a las reflexiones de pensar la formación de buenos ciudadanos en la esfera ética de la educación como un bien que procura lo ético en la formación. A continuación, nos referiremos a estos momentos que demarcaron la reflexión que los maestros del pasado, en especial, los gloriosos participantes de esta gran marcha, pensaban de la educación. Esos nuestros predecesores, hoy con la Constitución Política de 1991, nos aventuraron a pensar que puede configurarse responsabilidades violatorias del Nuevo Orden Educativo Constitucional. Nuestra intención es que se tome conciencia sobre el grado de responsabilidad, a fin de establecer como realidad el derecho a exigir cuentas de ese encargo, a los responsables de este Bien Público. La noción de la educación como Bien Público fue la lucha de los maestros de 1966, y es la lucha del presente. Esta noción es útil para el análisis ético de la responsabilidad de los gobiernos de cada cuatro años. Esta responsabilidad, que es constitucional, debe recaer sobre aquellos actores que determinan la política educativa, y cuya negligencia entorpece significativamente el Proyecto Educativo de la Constitución de 1991, que es, formar un buen ciudadano. Insistimos: Hay que ahondar en el concepto de la educación como un Bien Público, y ello, con base en los presupuestos constitucionales. Con esta tesis pretendemos buscar explicar que este bien se concibe de manera integral. En este contexto constitucional los responsables de este Bien deben actuar éticamente, en cuanto a la capacidad de cuestionar sus propias acciones. Estas reflexiones están orientadas a justificar la lucha gloriosa de los maestros de “la marcha del hambre”, lucha perenne, que caracteriza el accionar del maestro contemporáneo. Por ello, en clase de Constitución Política y Legislación Educativa en los programas de licenciaturas habrá que realizarse este desarrollo teórico, para discutir que la educación, es junto con la vida el bien privilegiado por excelencia, que contribuye con el crecimiento justo y digno de la sociedad. El problema no es sólo establecerlo como Bien Público, sino el hecho de que al justificarlo se haga con base en una Ley Estatutaria, lo que caracterizaría la epistemología de una teoría de la educación, por ejemplo, en el Estado Social de Derecho.

Este diálogo de responsabilidades que era el objetivo de la grandiosa marcha, permite resaltar a su vez el tema central educativo en la larga duración: la ética de los responsables de la educación. De aquí parte considerarla como un Bien Público y para ello procuraremos presentar su esquema conceptual, entrelazando distintos elementos con los principios rectores constitucionales, en especial, con los “Fines del Estado Social de Derecho” se trata de darle una normativa social a este Bien Público, en un sentido propositivo, para desarrollar esta alternativa en el marco del Nuevo Orden Educativo. Esta alternativa se estructura con base a tres conceptos interrelacionados entre sí: la educación como bien constitucional, la educación como posibilidad del Estado Social de Derecho para sus integrantes y el concepto de responsabilidad ética por parte de los actores constitucionales. Al usar el concepto de “la educación como bien Constitucional”, se busca enfatizar la importancia que comporta el mismo criterio del cual deben nacer: la Política del Estado y la Ley Estatutaria de la educación. Con ello, se puede ilustrar la complejidad que surge cuando se declara a la educación como un Bien Público constitucional. Es el diálogo entre la Constitución y la educación; la educación como posibilidad del Estado para sus integrantes, es la educación como justicia social, que reproduce el interés de orden social, justo y digno. Es la posibilidad ética de Estado. Es lo justo y lo legal por parte de Estado, lo que vele a indagar sobre sus fundamentos. Para ello, es necesario establecer condiciones distintas a las señaladas en la Carta Política de 1886, creando nuevos criterios de posibilidad. Dichas condiciones deben ser mediadas por criterios éticos frente a las responsabilidades de los gobiernos de turno. Significa establecer una educación como posibilidad de formación de buenos ciudadanos. En cuanto a la responsabilidad constitucional de los actores, es lo crítico de este desarrollo en el nuevo orden educativo, es reconocer y exigir esta demanda, lo que invita a observar las estructuras internas del sistema educativo. Estableciendo un diálogo entre estos tres conceptos en cuanto a los silencios como responsabilidades del Estado, viene a considerarse el contenido ético de esta responsabilidad.

Esta nueva normativa, de concebir a la educación como un Bien Público representa un nuevo concepto que ofrece una aproximación más cercana de la educación con lo social, nos permite observar la tensión entre educación y dignidad humana, que es la característica mayúscula de nuestro Estado Social de Derecho. Resolver esta tensión, es la pretensión del Nuevo Orden Educativo y de las luchas del magisterio, que proclaman la dignificación del educador. Es el reto de la sociedad y del Estado. Esto significa expresar el esclarecimiento de la responsabilidad estatal. De lo que se trata es de exigir que la educación sea un Derecho Fundamental, que lo instituya y constitucionalice la Asamblea Constituyente Educativa, que se hace necesario convocar como el mejor homenaje a las luchas magisteriales del pasado y del presente.

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