Afectados de Campo Alegre acuden ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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Temiendo que se revoqué o modifique la sentencia proferida por el juez 11 Administrativo del Circuito de Barranquilla, del 16 de agosto de 2016 que condenó a las empresas constructoras de algunos bienes inmuebles del sector de Campo Alegre y que fue impugnada por la oficina jurídica del Distrito, los afectados por medio del abogado Roberto Tapia solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, vigilancia especial sobre el trámite del proceso que según los afectados está a merced de ser manipulado por los poderes económicos y/o políticos de la ciudad. “No permitiremos que esta sea revocada o modificada como producto de las presiones que se están dando sobre la Sala del Tribunal Administrativo del Atlántico”, dice el documento.En ese mismo sentido dijeron estar sorprendidos por el acontecer de las últimas noticias que han generado escándalos por corrupción en Bogotá.

“El país está impávido ante los hechos de corrupción que se están destapando sobre nuestras altas cortes, y en general en los últimos tres gobiernos que han dirigido la Nación. Los tribunales administrativos y superiores, en algunos casos, como el de Cúcuta, no han sido ajenos a estos hechos bochornosos de corrupción”, dice una misiva firmada por los propietarios de las viviendas destruidas en Campo Alegre.

La solicitud fue radicada el 17 de septiembre del presente año en Washington, Estados Unidos y contiene todo el acervo probatorio de 12 años de litigio desde que las masas de tierra empezaron a moverse en ese sector.

Es pertinente decir que dentro de las funciones de la CIDH está la de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos, contraídas por los Estados partes que han suscrito y ratificado instrumentos de protección internacional de los derechos humanos. Estas obligaciones se encuentran contraídas en el artículo 106 de la Carta de la Organización de Estados Americanos.

12 años de inhumana espera

Es importante recordar que en 2005 personas iniciaron una demanda de acción de grupo ante los Juzgados Administrativos de Barranquilla, según las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico interno, artículo 88 constitucional sobre las acciones populares para la defensa de intereses colectivos y desarrollada por la ley 472 de 1998, con el objeto de reclamar las indemnizaciones respectivas por los perjuicios materiales e inmateriales causados a causa de la compra y venta de bienes inmuebles construidos sobre un subsuelo inestable, catalogado por los estudios de Ingeominas como zona de alto riesgo y que se condene al pago de estas al Distrito por haber autorizado la urbanización, reloteo y venta de los terrenos en Campo Alegre en todas sus etapas, a la sociedad Parrish en solidaridad con las otras constructoras que intervinieron por hechos y omisiones atribuibles a la misma, a fin de amparar y resarcir los derechos colectivos vulnerados, consagrados en el artículo 4 de la ley 472 de 1998, tales como la moralidad administrativa, derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, la realización de las constricciones edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalecía al beneficio de la calidad de vida de los habitante y los derechos de los consumidores y usuarios.

Petición ante la CIDH

El documento de la solicitud ante la CIDH insta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que adopte las medidas cautelares pertinentes en pro de la protección de los derechos que se encuentran amenazados. “Igualmente pedimos se haga vigilancia, acompañamiento, control y/o seguimiento por parte de este organismo internacional, durante el desarrollo de la segunda instancia de la acción de grupo No.08-001-33-33-011- 2005-00349-00, partes Dávila Marenco y Otros vs Distrito de Barranquilla y Otros, que se encuentra en el Tribunal Administrativo del Atlántico con ponencia del magistrado Luis Carlos Martelo, con el ánimo de que no se dilate hasta más tiempo del que ya ha durado todo este proceso y se obtenga un pronunciamiento lo más pronto posible, es decir, dentro de un tiempo jurídicamente razonable y a favor de los afectados que como se demostró en la primera instancia por derecho les corresponde”.

El domingo 1 de octubre hay plantón

A partir de las 10:00 de la mañana está programada la asamblea de los propietarios de inmuebles afectados del sector de Campo Alegre, en la sede de Combarranquilla Boston. El propósito de la concentración es la de realizar un plantón con antorchas para activar un plan de lucha contra la displicencia del Gobierno tanto nacional como local ante la dilatación por resolver el problema de vivienda de las familias que lo perdieron todo hace más de doce años.

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