
Funcionarios de la Rama Judicial convirtieron en una nueva forma de corrupción los procesos de remate y embargo de vehículos.
Investigadores de la seccional de la Fiscalía en Bogotá, ubicaron más de 700 denuncias de ciudadanos que afirmaron ser víctimas de un grupo de personas que se identificaron como funcionarios públicos, les ofrecieron vehículos para la venta que habían pasado por proceso de remate en embargos.
“Los sacan de los parqueaderos y se los venden a civiles incautos, bajo el pretexto de que eso está por embargo y que se arregla en cinco meses”, dijo un fuente cercana al proceso.
Cuando las víctimas pagaban el monto de la deuda y llegaban para reclamar sus carros, se enteraban que los carros no estaban o que fueron vendidos a otras personas; usaban sentencias o fallos judiciales para quitar los antecedentes de los vehículos.
“Los van a reclamar y les empiezan a tomar del pelo, que espere que su carro está en otro lado, los enredan para la entrega del vehículo y terminan por cobrarles sumas elevadas de dinero por el parqueadero”.
Un juez del juzgado de Paloquemao dio vía libre a las 24 órdenes de captura que agentes del CTI hacen efectivas contra los funcionarios involucrados en estas irregularidades.















