Nunca antes en la historia reciente de Colombia se había tenido en cuenta a la ética como importante disciplina para debatir. Lo sucedido con los magistrados comprometidos en hechos repudiables para administrar justicia nos ha puesto a pensar en la imperiosa necesidad de valorar los principios morales que son fundamentales para encauzar nuestras vidas sociales.
El procurador Fernando Carrillo ha propuesto el rescate y la aplicación de la ética pública como un compromiso de todos, ya que ella posibilita analizar el perfil, la formación y el comportamiento responsable de las personas que se ocupan de los asuntos públicos, consideradas unas generadoras de cambio con la aplicación de aquellos valores éticos indispensables para el fortalecimiento eficiente de su trabajo. Antes que nuevas normas, apuntó el alto funcionario, lo pertinente es cambiar los malos comportamientos con el control de una efectiva veeduría ciudadana.
Se trata de que haya una actualización bien intencionada de los reglamentos de las corporaciones, con medidas autorreformadoras, para que allí lleguen unos profesionales del derecho con las más altas calificaciones académicas y morales, pero, de todos modos, estrictamente vigilados ya sea por una Comisión Interinstitucional o por un Consejo Ético conformado por prestantes intelectuales del país. Además de ello, las cortes deben convocar a la ciudadanía mediante un referéndum que adopte los ajustes requeridos.
En este trascendental paso civil, es oportuno y justo la construcción de un consenso nacional donde el debate sea centrado por un amplio diálogo que debe estar soportado en los estudios y los análisis técnicos ya existentes. La propuesta del procurador es atrayente, pero ¿cómo podrá ser concretada? Ese es uno de los grandes males que tienen los retóricos dirigentes colombianos al momento de hacer realidad sus esperanzadoras propuestas.
Al respecto, en el debate del reciente plebiscito las universidades colombianas tuvieron un importante protagonismo académico. Con ellas se podrán contar por poseer, precisamente, facultades de Derecho y Ciencias Humanas con las que liderarán, de cara a la sociedad, lo que concibe el procurador general de la Nación, sin que sean desconocidas otras instituciones como la misma Procuraduría y su principal aliada en el control de lo público, lo que obligaría a los partidos políticos, al Congreso y a los esparcidos entes territoriales a no ser indiferentes de la vergonzosa corrupción dada en las cortes.
Las organizaciones de masas surgidas de las entrañas del pueblo también merecen ser escuchadas. Y sindicatos como el de los trabajadores del Poder Judicial y el del magisterio (Fecode), no pueden faltar. Así, con esta alta participación en el debate por la ética, podrá dársele una efectiva connotación nacional no solo a lo sucedido en la Justicia, sino en la recuperación verdadera de los valores morales en el funcionamiento de las instituciones del Estado.
En principio ese debate debe tratar lo concerniente a la relación existente entre el comportamiento individual con la voluntad de una ética proyectada a lo social, específicamente a través de las diversas profesiones por constituir un componente vital de la sociedad civil. La moralidad de los jueces, entonces, servirá de punto de partida para tocar el resto de profesiones. Sin ello, el mandato moral inherente al Estado no tendría correspondencia con el de la ciudadanía. Y de eso se trata. ¿Qué dirá, ahora, el señor procurador?














