El desangre de las revocatorias

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Desde que se implementó en la Constitución de 1991 la figura del voto programático, el 2017 ha explotado como el año de los costosos y pálidos intentos de revocatoria de los mandatarios, una práctica que, de momento, solo en este año, le ha costado al bolsillo de los colombianos la nada despreciable cifra de $1.500 millones mal contados.

El más reciente fiasco se produjo en el municipio de Baranoa, donde los promotores de la revocatoria del alcalde Lázaro Escalante no llegaron a las 4.444 firmas que se necesitaban para que el proceso llegara a las urnas, aunque ello representó un ahorro, porque nada garantiza que la gente salga a participar en este tipo de consultas.

Es más, la experiencia nefasta de este año plagado de intentos de revocatorias de mandatos de alcaldes en todas partes de Colombia, demuestra que algo no quedó bien planeado cuando se instituyó en la Constitución este mecanismo.

El espíritu de la ley, como el de muchas en Colombia, es sin duda loable. El candidato que quiere llegar a un puesto de elección popular, tiene que presentar un programa de gobierno que, en caso de ganar, debe ser la base del Plan de Desarrollo.

El gobernante, que antes fue candidato, está en la obligación de ceñir su Plan de Desarrollo al Programa de Gobierno con el que se presentó ante los ciudadanos en busca del voto popular que al final consiguió.

El camino empieza a angostarse en el momento en que alguien decide que, en un lapso de tiempo determinado, el gobernante no cumplió con el Programa de Gobierno que puso a consideración de los electores que lo favorecieron en las urnas.

Allí se configura una inconformidad que tiene que ser avalada por un porcentaje de ciudadanos a través de firmas, para que el Consejo Nacional Electoral convoque a una consulta donde básicamente se le pregunta a la gente si quieren o no que su gobernante sea revocado, es decir removido por no cumplir lo que prometió.

Pero el problema es que no funciona el mecanismo. A cifras de enero de este año, se habían surtido 164 intentos de revocatoria de alcaldes en el país y uno de gobernador, todos fracasados, muchos de ellos sin lograr el mínimo de firmas.

Y los que lograron las firmas, en las urnas naufragaron, la mayoría de ellos sin alcanzar ni siquiera el umbral, convirtiendo el mecanismo en un hazmerreír que lo único que logra es gastarse los recursos del Estado, que tiene que invertir en una mínima dotación electoral para una consulta que generalmente no despierta el más mínimo interés ciudadano.

Por supuesto que aquel que no se sienta conforme con lo que está haciendo su gobernante, está en todo su derecho de utilizar esta herramienta que le da la ley. Ni más faltaba, pero algo hay que hacer para que no se genere tanto costo a cambio de tan poco.

Por lo general, quienes promueven estas revocatorias suelen ampararse en una supuesta independencia política, que nadie les cree, ya que suelen ser voceros de quienes resultaron perdedores en las elecciones.

Además de ello se pueden adelantar intentos de revocatorias cumplido un año de gobierno, un tiempo muy corto para que un gobernante pueda mostrar resultados desprendidos de su Programa de Gobierno que, a esas alturas no es ni Plan de Desarrollo y suelen gobernar con lo que les dejó su antecesor en el cargo.

No sabemos qué hay que hacer, pero el desangre de estas revocatorias fallidas se tiene que frenar de alguna manera. Ante todo, el equilibrio, pero siendo coherentes con lo que se dice y se hace.

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