La independencia de una nación se manifiesta a través de la expedición y adopción de normas que permiten a sus habitantes convivir y desarrollarse autónomamente. Es lo que se conoce con el nombre de soberanía, sobre la cual no debe haber supremacía diferente a la voluntad popular que se expresa como poder omnímodo. Es el derecho intangible e inalienable a autogobernarse sin injerencia extraña, de manera que si ese fuero o señorío se pierde, sus ciudadanos quedan subordinados a un poder superior que decide por ellos. En Colombia el depositario exclusivo de la soberanía es el pueblo, y como tal define y decide la forma de su gobierno, sus instituciones jurídicas y sus relaciones internacionales. Estas últimas tienen que ser establecidas y conservadas para satisfacer la interrelación humana, promover el comercio, la industria, y en solo tres palabras, el interés nacional. Pensando en esto último, ese interés obliga a multiplicar y mantener en los mejores términos esos contactos, sin reparar en que esa actitud debe y tiene que ser política y de la mejor calidad. Hace siete años cuando comenzaba el primer cuatrienio del presidente Juan Manuel Santos, nuestro país mantenía una peligrosa e híspida relación con Venezuela y Ecuador, ocasionado ello principalmente por la actitud errática del jefe del gobierno anterior, quien en el caso del primero de éstos, paradójicamente, le confió a su presidente de entonces, Hugo Chaves, vocería para buscar un acercamiento con las Farc en un intento que permitiera abrir un proceso conducente a la cesación del fuego, para emprender el camino hacia la paz, pero al poco tiempo lo desplazó del encargo en forma grosera. Santos, por el contrario, al asumir la presidencia de la República, puso fin a la tirantez con los vecinos geopolíticos y se embarcó de manera decidida en la empresa de buscar la solución al conflicto con esa agrupación guerrillera, y lo logró contra todo pronóstico negativo, y la incredulidad de sectores que sin estar connaturalizados con la anormalidad se acostumbraron a verla en los registros de los medios de comunicación, porque no la padecieron como el grueso de la población campesina.
Sellado el pacto, se avanza en su implementación superando tropiezos tras tropiezos tanto o más parecidos a los que hubo durante los años de negociación, pero ahora generados — vaya ironía — no por la contraparte bélica del Estado sino por vengadores de frustradas ambiciones y caprichos políticos, verdaderos dolientes de la guerra infernal que sirvió de pretexto para que en el país se erigieran empresas de corrupción con tentáculos que han atrapado presupuestos y saqueado arcas y bienes públicos de todos los asociados, en lo que debería ser un nuevo reto para que lo asuman no solo los políticos honestos, que los hay, ni grupos y subgrupos de personas interesadas en el bien común, sino toda la sociedad, como una de las pestes más temidas, porque amenaza con arrasar valores fundantes del Estado que fortalezcan la unidad de la Nación y aseguren “a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”, como lo dispone en su preámbulo la Constitución Política. El actual presidente de Colombia ha cometido y sigue cometiendo graves errores, como el de tomar partido en el conflicto interno de los venezolanos, en donde están enfrentadas dos extremas — la opositora y la oficial — ninguna de las cuales es inocente ni puede lanzar la primera piedra para librarse de culpa en los dolores y penurias por las que atraviesa la población. Para demostrarlo, los ejemplos sobran por lo abundantes. Por eso preocupa que Santos se haya dejado inducir por sus enemigos internos al sumir frente al vecino con el que compartimos vasta frontera, una actitud descalificadora, imprudente y de sabor injerencista, como la del gobierno al que sucedió.
















