La representante a la cámara Clara Rojas ha presentado a la consideración del Congreso de la República un proyecto de ley que según ella pretende que se penalice el pago de favores íntimos, para que Colombia no se convierta en un destino de sexo, drogas y trata de personas, lo que ha generado una aguda controversia, que agregará un nuevo elemento a la temática que ocupa gran parte de los espacios de comunicación e información, porque las noticias buenas son escasas y poco atractivas para los medios y para una sociedad que si bien no ha perdido el rumbo, se muestra atolondrada ante la avalancha de asesinatos por encargo, desfalcos, peculados, cohechos, extorsiones, falsedades, raterías, desplazamiento forzado, trampas y demás crímenes que florecen y se extienden como cardos y hortigas por toda la geografía nacional, que no dan lugar a la distensión con eventos como la dejación de armas y la finalización del conflicto entre las Farc y el estado, que el mundo valora, aplaude y ve con ojos de admiración, por esa infinita capacidad que tenemos los colombianos de salvar los escollos y sobreponernos a la persistente adversidad. La propuesta de la señora Rojas no emerge acorde con la prioridad que merecen otros asuntos, como la reforma política e institucional y la lucha contra la rampante e invasiva corrupción, que le devuelva a la gente la perdida credibilidad, que es presupuesto mínimo de la seguridad y la confianza.
Sobre el tema aireado por la congresista no hay acuerdo en si la venta de sexo es un oficio o una desviación del comportamiento humano al que se denomina con la fea palabra “prostitución”, que en Alemania, Austria, Grecia, Holanda y Hungría es legal, y quienes la practican tienen agremiaciones sindicales, cuentan con la protección de los estados y pagan impuestos. En Dinamarca, Francia, Finlandia, Irlanda del Norte y Rumania, en donde existen corrientes de opinión inclinadas a convertir en infracción legal la paga sexual, tropieza con la oposición de las mujeres que se dedican a ese duro trabajo, que al realizarlo en pleno ejercicio de su libertad, las lleva a afirmar que no son ni se consideran prostitutas ni víctimas, opinión similar a la que en Colombia tiene la señora Fidelia Suárez, presidenta del sindicato de trabajadoras sexuales, quien en una declaración concedida al periódico “El Tiempo”, publicada en la edición del 8 de agosto pasado, puntualiza: “Nosotras no somos vulnerables. A nosotras nos vulnera es aquel a quien le conviene usarnos para su propio beneficio”.
Si esa ocupación es un oficio del que desde tiempos ha sor Juana Inés de la Cruz puso a reflexionar a los moralistas sobre el dilema de si ha de culparse más a quien presta el cuerpo para servirse del dinero o al que paga por usarlo, en nuestro país, en los términos del artículo 26 de la constitución política es legal y tiene y merece la protección del Estado, motivo por el cual la legisladora, y en últimas el Congreso de la República, tienen que analizar muy bien, con detenimiento y seriedad la forma de regularlo, porque en la práctica no hay duda de que las restricciones pensadas fomentarán la clandestinidad y el mayor riesgo para la salud de sus ejercitantes y usuarios, aparte de que disminuirá el trabajo e inducirá a peligrosas desviaciones que no es lo que en el fondo induzca o deseen quienes se ocupan en ese menester, que no debería mirarse como malo o bueno, sino como lo que es, un ejercicio de libertad, y ni siquiera como el trabajo informal que a diario cumplen en las vías públicas y semáforos quienes ofrecen baratijas o la supuesta limpieza de parabrisas a los conductores y propietarios de automotores. En verdad, el asunto comprende una sensible realidad difícil de abordar y someter a estatutos o reglamentos, pasando por alto lo esencial del ser humano valorado como fin en sí mismo, en sus derechos, deberes y responsabilidades.
















