La captura del alcalde de Cartagena en un silencioso y bien medido operativo coordinado desde las altas esferas de la Fiscalía en Bogotá, nos ha dejado a los costeños el inevitable sinsabor de que, en lugar de un acto de justicia, se trata más bien de una quirúrgica acción de escarmiento, propia de las sociedades oscurantistas de siglos pasados, cuando sometían a chivos expiatorios a severos castigos con el único propósito de que otros supieran lo que les puede llegar a pasar si llegan a burlar al poder.
Seguramente la Fiscalía tendrá las pruebas de los delitos que le imputa a Manolo Duque y las mostrará al juez de control de garantías, en la audiencia de imputación de cargos que se desarrollaba ayer en la tarde en la capital de Bolívar, al momento de escribirse este Editorial.
Partimos de la buena fe de las instituciones y de que los operadores de justicia en Colombia están para hacer cumplir las leyes y que en caso de que alguien las viole, su deber es que esa persona pague por hacerlo. No hay duda de ello.
Pero aun en ese escenario ideal, no deja de ser inusual y hasta sospechosa la manera como se procedió contra Duque, quien puede ser culpable o inocente. Su captura y el manejo mediático que se le dio al procedimiento, recordó las épocas en que salían los agentes del CTI directamente al Congreso de la República, a capturar parlamentarios por supuestos nexos con paramilitares.
Esto es, como quien dice, aquí se es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Eres sometido al escarnio público, se te señala, se te acusa, se te usa como un sujeto ejemplificante y después vemos si es cierto o no que cometiste el delito.
Para echarle el guante a Duque, la fiscal del caso tuvo que acudir a un juzgado de Usiacurí, en el Atlántico. Juan Carlos Cabarcas, abogado del alcalde (suspendido, pero alcalde al fin), demandará a esa fiscal, porque para hacer comparecer a su defendido tuvo que acudir a una orden de captura denigrante y hostil.
La realidad de todo, es que una vez más Cartagena y la Costa, porque es una de las ciudades insignias de nuestro Caribe, quedan en la picota pública por presuntos actos de corrupción hasta ahora no probados en juicio.
Valdría la pena preguntarse en estos momentos por qué la justicia no ha sido tan solícita y eficaz en tantas elecciones de titulares de entes de control que se realizan en todos y cada uno de los más de 1.000 municipios que hay en nuestro país.
Es más, que tire la primera piedra el congresista que no haya participado de una coalición programática o clientelista para elegir Contralor, Procurador, Defensor del Pueblo, Magistrados de Altas Cortes y hasta el propio Fiscal.
Estamos en Colombia y no en Suiza. Eso no significa que tengamos patente de corso para burlar las leyes y hacer lo que se nos dé la gana, pero el ciudadano sí queda con el tufillo a jugarreta política cuando una acción de esta naturaleza se materializa.
Esperamos que haya un juez actuando en justicia y en derecho no solo en el caso del Alcalde, sino en el del resto de personas que fueron detenidas en Cartagena dentro de estas mismas investigaciones a las cuales se les ha dedicado tanto esfuerzo.
















