Después de una batalla cruenta y desigual en Venezuela y su capital Caracas, entre manifestantes inermes civiles, integrada especialmente por universitarios y jóvenes profesionales, y la Guardia Nacional venezolana, dotada de armas de combate, que han dejado, durante mas de 90 días, 99 muertes confirmadas, por fin decidieron un centenar de congresistas colombianos y chilenos, denunciar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a quien funge actualmente como titular del poder ejecutivo de la vecina nación, Sr. Nicolás Maduro, acogiendo la recomendación que hice por primera vez, en mi columna “Ayer y hoy” (III), de fecha 13 de mayo del corriente año, y la segunda vez, en mi columna “Más violencia en Venezuela (I), de fecha julio 5 de 2017, donde sugerí acudir a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, creada en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión realizada en diciembre de 1996, considero oportuno, en esta columna, aclarar quienes son responsables de los crímenes internacionales de guerra, genocidio y Lesa Humanidad, según el Estatuto Internacional de Roma de 1998, así:
El art., 27 de la C.P.I., ordena: “El presente estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de Gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal, ni constituirá “per se”, motivo para reducir la pena. Artículo 28 ibídem: “El Jefe militar será penalmente responsable de los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas….
b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas a las señaladas en el apartado a), “el superior será penalmente responsable por los “crímenes de la competencia de la Corte que hubieran sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo”, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados”…..Art. 29: “Los crímenes de competencia de la Corte no prescribirán”. Pues bien, aterrizando nuevamente en Venezuela, encontramos que en los casos de las 99 muertes de civiles, que se han presentado en las manifestaciones pacíficas e inermes de la ciudadanía, a manos de la Guardia Venezolana y de grupos militares politizados por el partido del Presidente Maduro, aparentemente los superiores de esas unidades armadas, son el comandante de la Guardia venezolana y el Ministro de Defensa de la vecina nación, pero constitucionalmente, todos esos altos militares, son a su turno, subalternos del Presidente de la República, por cuanto la Constitución de Venezuela, de 1999, actualmente vigente, consagra como atribución del Presidente de la República, en el art. 236, Numeral 5 lo que sigue: “Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ellas y fijar su contingente” Y para cerrar el tema del Estatuto de Roma, en materia de responsabilidad penal de altos funcionarios de un Estado, transcribo textualmente el art. 33 del Tratado mencionado: “Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte, en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno, o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal a menos que a) “Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por un gobierno o un superior de que se trata”, b) “No supiera que la orden era ilícita y c). “La orden no fuera manifiestamente ilícita”; 2.”A los efectos del presente artículo, se entenderá que las órdenes de cometer genocidios o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas”. Y acto seguido, vienen las siguientes perlas Art 77:
“Penas Aplicables”: “La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el art. 110, imponer a la persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace referencia en el art. 5 del presente estatuto, una de las siguientes penas: a). “La reclusión de un número determinado de años que no exceda de 30 años b). “La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado”.
“El Genocida de los Balcanes”, que dirigió y ejecutó el infame genocidio de los serbios contra la inocente e indefensa etnia de los albaneses, fue condenado a perpetuidad por la C.P.I. Igual suerte le esperará a Maduro y su mafia militar, así se asilen todos ellos en la paradisíaca isla de Cuba?
















