Siervos sin tierra

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Acaparar tierras y dejarlas improductivas, amenaza la soberanía alimentaria de todos, porque no solo empobrece al campesino y desperdicia el potencial agroindustrial del país, sino que nos aboca a hambrunas.

En Colombia, 64 de cada 100 hogares campesinos no tiene acceso a la tierra para trabajar. En contraste, el 95% de las tierras productivas en el país está en manos de un 25% de propietarios. Es decir, la mayoría no tiene nada y unos pocos tienen mucho; lo que es peor, es que la minoría que tiene la mayor parte de la tierra no la hace producir, sino que es tierra ociosa apropiada solo para mantener el hábito feudal de poseer hasta donde llegue la vista. Quienes acaparan la tierra matan el campo y ponen en riesgo nuestra soberanía alimentaria, porque desperdician un activo de primera importancia de cualquier sociedad para salir de la pobreza y porque en tiempos de cambio climático nos dejan a merced de la escasez de alimentos.

La concentración de la propiedad rural es un problema de seguridad nacional, no solo porque en ello se originan guerras y disputas sino porque amenaza la seguridad alimentaria de quienes vivimos en zonas urbanas. Cuando un terrateniente concentra hectáreas improductivas, está poniendo en riesgo la supervivencia de tus hijos y los míos, y perpetúa una espiral de pobreza que nos afecta a todos. Qué distinto sería si aplicáramos unas agricultura y ganaderías intensivas, sacándole a cada hectárea el mayor provecho posible, y abandonando la práctica de acumular tierras que otros sí quieren poner a producir. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la desigualdad en la tenencia de predios en el campo en Colombia es aberrante, con un coeficiente GINI promedio de 89,7 (en el que 0 significa total igualdad y 100 plena desigualdad), una cifra que puede com- pararse con la Europa feudal del siglo XIV. Es decir, estamos muy cerca de la completa desigualdad, lo que explica que la pobreza rural pase del 20% y que unos 4 millones y medio de campesinos no tengan tierras suficientes para trabajar.

La guerra en Colombia tiene su origen en la propiedad de la tierra. Las nuestras fueron guerrillas campesinas que se alzaron en armas contra los latifundistas que con aires feudales pretendían esclavizar a nuestros campesinos negándole el acceso a la propiedad rural. Para completar el panorama de violencia, el paramilitarismo se fundó por parte de terratenientes que no solo buscaron defender la tierra de la que ya disponían sino que despojaron, mataron y desplazaron por poseer aún más. Lo peor, es que según Oxfam Latinoamérica la situación hoy en día es aún peor que en los años 60`s, pues las cifras de desigualdad de tierras en Colombia es la peor de América que a su vez es peor que en África, Asia y Europa.

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de los 3.7 millones de predios privados rurales que hay en el país, unos 2.9 millones son de un único propietario, lo que nos lleva a preguntarnos por qué la concentración de la tierra no solo se ha mantenido sino que ha empeorado en Colombia, y las conclusiones siempre serán que las políticas de los gobiernos han sido las de favorecer esa inequidad. Basta recordar que entre los años 2002 y 2010 se produjeron ilícitos en los que se entregaron subsidios a poderosas familias para que ampliaran sus dominios rurales, la mayoría de ellos improductivos o monocultivos, y que incluso se documentó que el expresidente Álvaro Uribe no solo expandió la propiedad de su hacienda El Ubérrimo, sino que se financió con subsidios dirigidos a los campesinos más pobres, hechos por los cuales “avanzan” investigaciones.

La restitución de tierras es, en este escenario, no solo una manera de reparación directa a las víctimas de la violencia, o un resarcimiento mínimo a quienes fueron despojados por actores armados, sino la necesidad de un país que está en mora de poner a producir al campo como manera de disminuir la pobreza y la desigualdad. Según los cálculos del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia se produjo un despojo masivo de entre 6 y 10 millones de hectáreas, así como un fenómeno de abandono como consecuencia de la violencia, pues muchos propietarios dejaron sus cultivos y animales para salvaguardar sus vidas y las de sus familiares. No sorprende saber que quienes más férreamente se opusieron a la firma del acuerdo de paz con las FARC y el inicio del proceso con el ELN hayan sido los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, pues fue precisamente en sus gobiernos cuando se produjo el mayor impacto del despojo de tierras a manos, principalmente, de paramilitares. El Centro Nacional de Memoria Histórica indica que los años en los que más se presentaron los fenómenos de despojo y abandono fueron entre 2000 y 2002 (Pastrana) y entre 2005 y 2008 (Uribe), y que los departamentos más afectados fueron Antioquia, Bolívar y Putumayo, destacándose municipios como Carmen de Bolívar donde el 47,7% de los predios rurales fueron despojados o abandonados, y San Jacinto, donde el 46,3% corrió la misma suerte. La pregunta obvia es ¿por qué se oponen a un acuerdo de paz aquellos expresidentes durante cuyos gobiernos hubo el mayor despojo de tierras? Lo que tampoco sorprende es, precisamente, que los llamados “Ejércitos Antirestitución” –que no son sino paramilitares de nueva generación– se concentren en esas zonas donde hubo el mayor despojo, y que algunos hablen de “hacer trizas” el acuerdo de La Habana, cuyo primer capítulo es la reforma rural integral, que incluye la restitución de tierras y el desarrollo de proyectos productivos agroindustriales con los pequeños campesinos y propietarios.

En pleno siglo 21, tras 70 años de su publicación, la novela “Siervo Sin Tierra” de Eduardo Caballero Calderón, sigue plenamente vigente. Nos toca a nosotros levantarnos y evitar que la violencia de quienes quieren hacer trizas la paz siga imperando. Quien se roba la tierra también se roba el alimento, la paz y la vida.

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