Derechos sociales y el mínimo vital

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Al analizar las innumerables veces que se ha invocado, en el ámbito jurídico colombiano, la existencia de una cláusula denominada Estado social de derecho, consagrada en la Constitución Política de 1991 y desarrollada por la ley y la Corte Constitucional, por medio de la cual se han gestado innumerables transformaciones políticas, económicas y sociales, que han cambiado para siempre el papel del Estado y el concepto de la justicia en el país.

Basándose en que en Colombia, algunos de los valores reconocidos, como: la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad de las personas que integran la sociedad, y el principio de la prevalecía del interés general, fundamentan el Estado Social, la democracia y el Estado de Derecho, donde se le reconoce a la norma constitucional su carácter normativo (artículo 4 de la C.P.), más allá del programático. Tal apreciación hace parte de una unidad reguladora que comprende valores, principios y derechos fundamentales.

Exactamente el problema se centra de como el mínimo vital es un derecho propio del estado social que se clasifica como un derecho social de prestación (Derechos Sociales, Clasificación de los Derechos). A pesar de no existir un concepto generalmente aceptado, se puede decir que el derecho al mínimo vital es el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos, que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, así como también, la satisfacción de las necesidades básicas. Sin embargo, éste derecho no se ha reconocido expresamente en el Derecho Internacional ni en las Constituciones de los Estados iberoamericanos, se trata de un derecho “innominado” y desarrollado principalmente desde la jurisprudencia y la doctrina.

Dentro de este contexto analizado se debe tener en cuenta el concepto de mínimo vital, de acuerdo con la jurisprudencia, debe ser evaluado desde un punto de vista desde de la satisfacción de las necesidades mínimas del individuo, por lo cual es necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto, haciendo una valoración que se encamine más hacia lo cualitativo que a lo cuantitativo, como mecanismos para hacer realidad su derecho a la dignidad humana.

Si se examina bien este es un derecho fundamental no consagrado expresamente en la Carta, pero que se desprende de una interpretación sistemática de la Constitución y de los derechos a la vida, a la integridad física, a la igualdad, a la salud, al trabajo, y a la seguridad social, entre otros, a través del cual se garantizan los requerimientos básicos indispensables para asegurar una subsistencia digna de la persona y su familia, no solamente en lo relativo a alimentación y vestuario sino también lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente. Surge entonces la siguiente pregunta ¿Son considerados los derechos sociales y el derecho al mínimo vital son o pueden ser verdaderos derechos fundamentales según el Estado Social del Derecho en la Constitución Colombiana?

De acuerdo con esta visión, el mínimo vital es un concepto complejo que requiere un análisis casuístico amplio que, sin embargo, suponga una resolución con efectos generales a todos los miembros de la clase en cuestión, y no se limite a lo pedido sólo por el accionante. Por otro lado, superada hasta cierto punto la teoría de la conexidad, es preciso desarrollar el contenido mínimo de los DESC de forma más o menos independiente –sin dejar de observar, empero, la estrecha relación que pueden llegar a tener con otros derechos, como el de debido proceso o de igualdad- principalmente a través del derecho internacional de los derechos humanos.

Abogado egresado de la Universidad Libre

Especialista en Derecho Público egresado de La Universidad del Norte

Especialista  en Derecho Administrativo de la Universidad Libre

Maestría en Derecho Ambiental y Urbano Territorial de la Universidad del Norte

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