
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación a 20 gobernaciones y 35 alcaldías durante los periodos 2012 a 2015, por la falta de políticas de protección para los desplazados en Colombia.
Entre las gobernaciones citas están: Arauca, Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca, Casanare, Caquetá, Caldas, Bolívar, Vichada, Sucre, Risaralda, Quindío, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, Huila y Guaviare.
Por su parte, las alcaldías vinculadas a la indagación del Ministerio Público son: Fortul, Saravena y Tame (Arauca); Soledad, Barranquilla y Malambo (Atlántico); Magangué y El Carmen de Bolívar (Bolívar); Patía, Cajibío y Buenos Aires (Cauca); Chimichagua, Valledupar, El Copey (Valledupar), Tierralta (Córdoba); Pitalito (Huila); Maicaco, Fonseca, San Juan del Cesar (Guajira); El Banco, Santa Marta, y Plato (Magdalena); Ipiales y San Andrés de Tumaco (Nariño); Cúcuta, El Carmen y Teorama (Norte de Santander); Puerto Asís (Putumayo); Pereira (Risaralda); Piedecuesta y Girón (Santander); Sincelejo y Sanonofre (Sucre); Ibagué y Chaparral (Tolima).
Para la Fiscalía, dichas entidades incumplieron “de manera evidente e injustificada con sus obligaciones de atención integral a la población desalojada de su territorio, a pesar de contar con los recursos suficientes para protegerla”.















