El registro de la propiedad raíz está instituido para garantizar la invulnerabilidad del derecho de los adquirentes y de terceros sobre inmuebles, y de los gravámenes y créditos que los afectan como las hipotecas, patrimonios de familia, embargos, servidumbres, anticresis y otras limitaciones del dominio. Es asunto de fe pública, como el de la escritura que contiene cada transacción sobre ellos. En las oficinas respectivas a cada bien le abren un folio que se denomina de matrícula inmobiliaria (FMI), en el que consta su historial. Es el registro de nacimiento del bien y de todo lo que lo afecta o ha afectado. No obstante su trascendencia e importancia, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena (ORIP) ocurre algo extraño, atentatorio al tráfico normal de comercialización de inmuebles. La generalidad de las personas cuando van a adquirir una casa, un apartamento u otra propiedad raíz, lo primero que hacen es indagar por su estado, la identidad del propietario y cuanto incida o pueda incidir en el dominio, en prevención de problemas y limitaciones en su disfrute. La indagación remite al certificado de tradición en el que aparecen o deben aparecer sus antecedentes. La certitud, sin embargo, no se alcanza cuando en el FMI no figuran completas las anotaciones y cancelaciones de actos producidos sobre la propiedad. Pero la cuestión es peor cuando el interesado saca el certificado en línea por el que paga $17.500, costo igual al que obtiene en la agencia bancaria que funciona en dicha oficina. Actualmente ocurre que el certificado en línea es distinto al adquirido a través del banco, sin que haya una explicación seria, aceptable, convincente, ni válida, y según una de las profesionales que atiende al público en la ORIP de Cartagena, el segundo de éstos, o sea el físico, es el que tiene validez.
Hay quienes en un solo día han sacado en línea en las ciudades de Barranquilla y Cartagena el certificado de tradición de un mismo inmueble ubicado en esta última ciudad y salen con la anotación vigente de una hipoteca, en tanto que en la misma fecha y a la misma hora en Cartagena les es expedido otro sobre dicho bien en la agencia bancaria con la anotación de cancelada, lo que por la confusión que genera da lugar a la pregunta obvia: ¿A cuál de los dos hay que atenerse? La respuesta verbal de la funcionaria de la ORIP es que a la última, porque “el problema es del sistema”, o sea, del manejo electrónico vía internet de expedición y cobro de los certificados. Así, pues, al interesado se le obliga a pagar dos veces el certificado, sin que se elimine la duda sobre la realidad del dominio, hecho que traumatiza operaciones de compraventa y genera incertidumbre, con perjuicio moral y material para las partes, y algunas veces más para la vendedora, por el impacto psicológico que ello le causa, en el mejor de los casos, o la pérdida del cliente, en el peor. Pero lo más grave es lo que puede sobrevenir con esa dualidad desigual, porque cuando la transferencia de la propiedad se ha cumplido, el enajenante se ve expuesto a la ira del adquirente y a enfrentar su reclamo no siempre formulado en términos corteses, sino bajo amenaza de agresiones físicas, y cuando el tono es moderado, con acciones judiciales. En una sociedad tan crispada como la nuestra, por tantos actos de corrupción como a diario se suceden, no es extraño que en casos como el comentado haya enfrentamientos a causa de la incertidumbre que se produce y del enriquecimiento sin causa del Estado, pues si un usuario demuestra que hay error en el certificado, lo aceptable es que no se le cobre por el correcto, como viene sucediendo. Las funciones de un organismo tan importante como la Oficina de Registro Instrumentos Públicos de Cartagena debe cumplirse en forma insospechable y eficiente, y evitarle al estado costosas demandas y el pago de iguales indemnizaciones. De allí que sea indispensable y apremiante, como lo amerita la gravedad de lo aquí denunciado, la intervención inmediata y eficaz de la Superintendencia de Notariado y Registro, en procura del restablecimiento de la normalidad, la confianza y la seguridad jurídica en el registro de los actos notariales.

















