Fiscalía rastrea saqueos por $1,65 billones en diferentes puntos del país

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Desde los millonarios tratamientos por hemofilia a ‘pacientes fantasma’ en Córdoba hasta el no pago de cirugías plásticas realizadas a familiares del gerente de un hospital público en Antioquia y al mismo contralor de ese departamento hacen parte del gran paquete de procesos que lleva la Fiscalía por corrupción, y que ya tiene inscritos 528 nombres de funcionarios públicos, contratistas del Estado y particulares que han sido o serán judicializados en los próximos días.

De acuerdo con el ente investigador, que ya ajusta 10 meses adelantando su estrategia ‘Bolsillos de Cristal’, se calcula que el desfalco al erario supera los 1,65 billones de pesos.

Mientras avanzan las investigaciones por los grandes escándalos, los procesos por el saqueo a las regiones y sobre las redes de corrupción en las entidades locales, incluida la misma Fiscalía, han puesto en evidencia prácticas que llevaban años de virtual impunidad.

“La corrupción es de distinto calado y afecta de distintas maneras a nuestra sociedad. La corrupción solamente la juzgamos alrededor de los macrocasos de corrupción (como) Reficar y Odebrecht, pero en las pequeñas ciudades y municipios se está horadando la democracia y la legitimidad también”, dijo el jueves el fiscal Néstor Humberto Martínez.

Aseguró que la próxima semana habrá nuevos resultados sobre casos del Huila, Tolima, Antioquia y Cundinamarca, entre otros departamentos.

En esa lista de procesos con avances recientes están, según el jefe del ente investigador, la captura –el martes pasado– de cuatro exfuncionarios de la alcaldía de Marinilla, Antioquia, señalados de adjudicar ilegalmente 11 predios del municipio a familiares del alcalde y de la asesora jurídica del municipio en el periodo 2012-2015. El desfalco se calcula en 400 millones de pesos.

En San Vicente de Chucurí, Santander, fueron detenidos la exsecretaria de Planeación Municipal y el supervisor de un contrato por 532 millones de pesos para la construcción de obras del alcantarillado.

Y en Amazonas fueron enviados a la cárcel Bethertan Roseney y Ahue Almeida, representantes de la asociación indígena Azcaita, y Pedro Pablo Rojas Baus, el supervisor de un convenio en el que se estima se perdieron más de 90 millones del Plan de Alimentación Escolar de los colegios de Leticia. Nilson Alviar Peña, representante legal (e) de la asociación indígena, es buscado a través de circular roja de Interpol.

A esos casos se suman los que vienen dando explicaciones a exmandatarios y exfuncionarios de Sucre, Córdoba y La Guajira y los escándalos que tocan a funcionarios judiciales y de organismos de control de varios departamentos del país.

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