La reciente designación de rector en propiedad de la Universidad del Atlántico pasó por un bochornoso período institucional. En el Art. 69 de la Constitución Política de Colombia es garantizada la autonomía universitaria para darse sus directivas académicas y administrativas, lo que fue puntualmente recogido en los Arts. 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, reguladora del sistema de Educación Superior del país.
La autonomía universitaria debe ser mirada como un ejercicio democrático de independencia política para autogobernarse, guardando, eso sí, la distancia del caso con el poder externo representado por los políticos y los agentes del Estado que todo lo quieren controlar. Una academia autorregulada para sus mejores competencias en docencia, investigación y extensión, es el ideal perfecto para que, en este caso, la Universidad del Atlántico cumpla con su rigurosa misión.
De acuerdo con lo sucedido hace poco en esta universidad oficial, hace pensar que el mecanismo para designar a su rector en propiedad no es el mejor. Ha entrado en crisis. Y lo que es peor: permitió generar un caos institucional que nada tiene que envidiarle a la ramplona politiquería que ha hecho carrera en la administración pública. Desde el Consejo Superior salen, pomposamente, sus voces y mandatos. Así se ha administrado en muchos años.
Cuando el representante de los gremios, César A. Lorduy, tomó asiento en ese organismo sin la debida legalidad credencial, sentó un precedente éticamente cuestionable. Además, dos de los candidatos rectorales, Rafael Castillo y Carlos Prasca, conocedores del poder de los consejeros para decidir sobre esta materia administrativa, se trenzaron en una burda discusión el día que los egresados votaban para elegir a su representante legal ante el máximo ente universitario. Fue una pelea verbal de dime que yo te diré. Ambos pujaban, como cualquier politiquero, para que ganara su candidato.
También quedó mal parado, en este lioso período, el representante de los estudiantes, Jonathan Camargo, por permanecer más de 10 años estudiando en la Universidad del Atlántico, y sin que se sepa cuándo egresará. Mientras que el presidente del Consejo Superior, el flamante gobernador Eduardo Verano De la Rosa, cambió de candidato, en un dos por tres, cuando su subalterno, el alcalde Alejandro Char, lo conminó públicamente en los medios a que resolviera el caso rectoral prontamente.
Nadie se opone a que un rector tenga sus inclinaciones políticas. Lo censurable es que se valga de ellas para ocupar, con muchos peros, ese importante cargo universitario. Con el profesor Carlos Prasca ha sucedido. Y de qué manera: un día antes de ser escogido, cuando ya tenía los suficientes votos para ello, se presentó en la Universidad del Atlántico una brigada de entusiastas jóvenes, trabajadores de los almacenes de la familia del alcalde, para promover las tarjetas comerciales de dichos negocios, entre profesores y trabajadores, por los préstamos y descuentos que, supuestamente, brindan. ¡Bárbaro!
El alcalde Char ya marcó territorio en la universidad estatal. ¿Podrá el rector Prasca detener adefesios como ese, más los que vendrán, sin duda, a su cuenta de cobro por sus buenos oficios? Si el nuevo rector lo hace pensando en su rescate académico, contará con el respaldo de todos. Y sin mermelada de por medio. Así dejará de ser un rector “olímpico”. Lo que pasó, pasó. Pero había que decirlo, por el bien de la Universidad. Callar sería cohonestar.

















