Los titulares de los periódicos desde hace varios días están sembrando la alarma por la inminente salida de internos de los sitios de reclusión inicial a donde son llevadas las personas que presuntamente han cometido algún delito y, como procesadas, llevan más de un año allí sin que se les haya resuelto su situación jurídica por parte de las diversas autoridades judiciales. Se habla de la salida de hasta 11 mil internos procesados en todo el país por delitos que van desde graves, como de corrupción por ejemplo, que llevan dos o más años sin que se les defina judicialmente, o simples, como el hurto, que lleven un año o más en el mismo estado.
En efecto, el pasado 1 de Julio entró en vigencia la ley 1.786 del año anterior que a su vez prorrogó por un año los efectos de la ley 1.760 del 2015 (Ley de Racionalización de Detención Preventiva) que a su vez daba un año para que entrara en vigor dicho beneficio para quienes se encontraban privados de la libertad por más de ese lapso de tiempo sin decisión. El Estado, y particularmente el aparato judicial, ha sido tan paquidérmico que dos años no le bastaron para acelerar su acción y evitar que este colapso pudiera ocurrir.
Como consecuencia en Bogotá se habla de que tendrán derecho a quedar en libertad, aunque ligados al respectivo proceso penal, unos 809 presos así: 496 detenidos por delitos sexuales, 296 procesados por hurto agravado y 17 capturados por homicidio. A su vez, en Barranquilla serían unos 456, de los cuales 161 con permanencia de más de dos años de detención, 30 por estar entre 18 y 24 meses y 169 por demorar entre uno y un año y medio.
Las alarmas se han encendido por el peligro que significaría que tal número de sindicados salieran libres. Ya en Barranquilla hubo una experiencia nefasta el año pasado cuando 250 de estos quedaron en libertad y produjeron el mes con el número más alto de homicidios de toda la historia de la ciudad: Enero con 45 muertes violentas.
Pero el tema es mucho más profundo. Están en juego nada ni nada menos que un anhelo universal consagrado como principios de la revolución francesa de 1.789: “Libertad, Igualdad y Fraternidad”.
Ubiquémonos: no es que 11 mil detenidos por diferentes delitos vayan a quedar libres y puedan deambular peligrosamente por nuestra ciudades, lo verdaderamente grave – asi como inaudito e inaceptable – es que el aparato judicial abuse descaradamente de tal número de personas teniéndolas privadas de su libertad por uno, dos o más años sin haberles definido su situación judicial. Lo contrario sería supeditar el derecho a la libertad de las personas al lento e ineficaz poder judicial…!!
Aquí entran en juego varios principios rectores de los derechos humanos fundamentales que están consagrados y garantizados en nuestra constitución nacional: El de la Libertad (Art.13), Igualdad (Arts. 28), de Movilización (Art.24) y de Habeas Corpus (Art.30); el de la presunción de inocencia (“.. Toda persona se presume inocente hasta que no se haya declarado judicialmente culpable…”) y el del debido proceso (Art. 29); y el de la prohibición de tratos degradantes o inhumanos (Art. 12) como el que tienen estas personas en sus sitios de reclusión
Este es un caso en donde nos toca hacer una elección como sociedad y en nuestra condición de Estado Social de Derecho que hemos proclamado ser: O quedarán libres los presuntos delincuentes (sin estar debidamente probada su culpabilidad y/o responsabilidad) o seguirán presos y privados de su libertad los presuntos inocentes…!!
@vherreram

















