La Constitución Política de 1991, a más de dar vida a un nuevo orden jurídico político para un Estado Social de Derecho, “puso” en ella unos pilares constitucionales para la construcción de un Nuevo Orden Educativo (NOE) sobre la base del artículo 69, que reza “Se garantiza la AUTONOMIA UNIVERSITARIA (el resaltado es nuestro). Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley (…). El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. Nuestra Carta Política debe prevalecer por encima de los quereres oficiales. Ella plantea el problema de la función autónoma de las universidades, entendiendo por tal, su compromiso y responsabilidad frente a su propio desarrollo y crecimiento. Este derecho, es y debe ser fundamental, para salvaguardar lo que cada universidad quiere ser acorde con su misionalidad, por encima de lo que pretenden cada cuatro años, los diferentes gobiernos de turno, que no construyen política de Estado, sino proyectos coyunturales, según los aires y vaivenes de los llamados y exigencias de organismos internacionales en la materia.
La mayor parte de las constituciones políticas de occidente, y de manera particular, las latinoamericanas, consagran la Autonomía Universitaria como el mejor modelo para el crecimiento del libre desarrollo de las universidades como personas jurídicas. Es el respeto por este sagrado valor constitucional, que a él, los gobiernos de turno, a fin de cumplir estándares de calidad de organismos internacionales, les exigen la acreditación de sus programas, que para el caso de las universidades oficiales, el Estado no brinda los recursos reales como posibilidades de formación en investigación, por el contrario, cada día más reduce los presupuestos a estas instituciones. Nos preguntamos, ¿cuáles son las condiciones especiales para este desarrollo autónomo, que lo diseña cada gobierno? Respuesta: la estandarización de factores de calidad, que en un 90% corresponden a la responsabilidad estatal, ya de la nación, de los departamentos, distritos o municipios. Sin recursos reales, la acreditación es un rey de burlas.
Puede uno preguntarse, por tomar ejemplos, frente a la exigencia que hace el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, organismo del Estado colombiano, de tener una planta de docentes de tiempo completo dedicados a la investigación: ¿cuál es el aporte del Estado, o de las entidades territoriales a esta exigencia, o la infraestructura?¿cuáles son sus aportes reales, o la baja movilidad de docentes y estudiantes a nivel nacional o internacional, o la producción,¿ cuáles son los aportes para publicaciones (que cuesta)? Esto es lo que valdría la pena desnudar de esas exigencias oficiales: ¿cuál apoyo? ¿Cuál compromiso estatal? Los docentes universitarios, los estudiantes, en fin, la comunidad universitaria, deben cerrar filas frente a esta política de penalización a los procesos de formación. Yo propondría, que por Autonomía Universitaria Constitucional, art. 69, se cambiase esta política de fiscalización, dándose más bien, que por el libre desarrollo de la personalidad jurídica universitaria, donde cada universidad pueda crear sus programas de pregrado o postgrado según su misionalidad. El Estado sólo trazaría los lineamientos para tal acreditación. Partimos del Principio de Buena Fe constitucional. Y si tal universidad dijo en su Documento Maestro de Autoevaluación que dispone de 100 doctores, debe creérsele. El Estado colombiano producir el acto administrativo (la resolución de acreditación del programa), pero, en cualquier momento del proceso formativo podrá verificar de primera mano, que se cuenta con ese factor. Y no a la inversa como se viene haciendo en la actualidad.
Pero vivimos en sociedades que necesitan ser controladas. Y por ello es que se “montan” estos organismos que vulneran la Autonomía Universitaria. Si las Facultades de Derecho hiciesen un ejercicio por demandar esta normatividad en clases de Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo, fácilmente sería una norma que la Corte Constitucional “tumbaría” porque va en contra vía de la Carta Magna. Podemos seguir preguntándonos: ¿cuál es la cuota sustancial y fundamental del Estado a estos procesos, frente a los cuales sus sacerdotes oficiales pregonan en los pulpitos de las frías oficinas de la capital bajo los factores de calidad? El denominado compromiso constitucional de apoyo a la investigación por parte del Estado es estático, más no dinámico. No veo un estrecho vínculo de Acreditación y Autonomía Universitaria, ya que la imposición de penalidad por parte del Estado, no ha sido acompañada con la aceptación de la “novedad” acrediticia, que en la mayoría de las veces se percibe por parte de los actores de la comunidad universitaria como un atentado a este “pensar y actuar por sí mismo”, por el contrario, pareciese el retorno al pasado en la idea fuerza de estar reeditándose procesos de “castigo” a las universidades oficiales, como lo disponía el engendro jurídico del Decreto Ley 080 de 1980. La academia debe pensar en otros procesos autónomos de concebir su actuar por sí mismo, ahí están los procesos de autoevaluación. Hay que crear todo un movimiento en defensa de la autonomía universitaria, que cada vez más se ve hollada por la mano castigante de los gobiernos de turno. Es preciso, considerar bajo el amparo de la construcción de un Estatuto Fundamental de la Educación, que se haga realidad con la puesta en marcha de una Asamblea Educativa Constituyente de reivindicar el papel de esta autonomía, como esa reconstrucción libertaria, fundante e instituyente de lo que ha sido la trayectoria de las universidades oficiales.
Esta Ley Estatutaria de la Educación en un plano de igualdad debe apuntar a que todas las universidades del Estado tengan el mismo rango estatutario de la Universidad Nacional de Colombia: las universidades regionales en bloque deben asumir este reto, que las pondría en plano de igualdad frente a aquella: ahí sí, que estas universidades tuviesen Planes de Desarrollo Educativo a mediano y largo plazo, para que a su vez, sus diferentes programas pensasen sus procesos de formación a largo plazo: ¿cómo imaginarnos y recrear la formación de futuros maestros a 50 años? ¿cómo sería de igual manera la formación de ingenieros, de abogados, entre otros? Aceptamos la acreditación, mientras se respete la misionalidad de las instituciones, ya que en ella, es en donde reposa toda su tradición autónoma libertaria, como lo social y culturalmente deseable para los procesos de formación integrales, como esa conciencia histórica institucional que cree en la realidad de lo que cada institución es y no por la bendición acrediticia de los sacerdotes oficiales. Los gobiernos de turnos empecinados por elevar la calidad de educación y mostrar indicadores “fríos” a los organismos internacionales, da como un hecho cumplido que este y no otro programa cumple con los factores de calidad, desconociendo las dinámicas autónomas de las propias instituciones universitarias.
Esa Asamblea Educativa Constituyente deberá luchar por empoderar como un Derecho Fundamental esta Autonomía Universitaria: en ella está el corazón del sistema de formación superior.

















