
Un asesor externo tendrá el encargo de Canal de Isabel II de vender Inassa y Triple A de Barranquilla así como también todas las empresas que tiene en el resto de Colombia y de Suramérica.
Así lo ha decidido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes quien ha iniciado el proceso para deshacerse de todas las filiales que el Canal de Isabel II tiene en fuera de España.
La decisión de desinversión llega después de destaparse el escándalo de corrupción que puso al descubierto la Operación Lezo y por la cual están presos en España varios políticos y funcionarios entre ellos el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y el expresidente de Inassa y de la Junta Directiva de Triple A, Ignacio Rodríguez Sobrino.
La Comunidad de Madrid prefiere que su empresa Canal de Isabel II centre sus negocios en España. El proceso será largo, durará aproximadamente un año, y para que se encargue de la operación el Ejecutivo autonómico ha decidido contratar asesores externos para que ayuden en el proceso de desinversión.
El Consejo de Administración del Canal aprobó la licitación para contratar al asesor, siguiendo así “lo establecido en la ley de pérdidas de participación mayoritaria y las recomendaciones que hace el Consejo Consultivo de Privatizaciones, que establece un cuaderno de buenas prácticas para que este proceso se haga con la máxima transparencia”.
Este es el primer paso para deshacerse de la decena de filiales que aún mantiene Canal de Isabel II en Colombia, Brasil, República Dominicana y Ecuador, y que facturan al año unos US$300 millones y emplean casi a 4.000 trabajadores.
Se venderán: Inassa de Barranquilla, Colombia, empresa que es la matriz de la que cuelgan el resto de sociedades: la Triple A de Barranquilla, Recaudos & Tributos, Gestión Integral de Suministrios, Amérika Tecnologías de la Comunicación, y Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado ASAA. También Amagua de Ecuador; la Triple A Dominicana de República Dominicana y Emissao de Brasil.
En el listado también figura Metroagua, en Colombia, de la que el Canal, a través de Inassa, tiene el 35,8%. El contrato de concesión entre la alcaldía de Santa Marta y el Canal venció el pasado 17 de abril. El Distrito de Santa Marta, que tiene el otro 28,1% de las acciones, no quería que el Canal siguiera gestionando el contrato y se lo traspasó a un grupo francés. Ahora la Comunidad de Madrid litigará para reclamar a la alcaldía entre seis y diez millones de euros como indemnización por las inversiones realizadas entre 2012 y 2016.
Canal de Isabel II llegó a Suramérica en el año 2001 comprando Inassa, cuando el presidente regional era Alberto Ruiz-Gallardón. La Comunidad pagó 83 millones de euros cuando los vendedores habían adquirido la sociedad un año antes por ocho. La última operación se realizó a finales de 2013, con la compra de la brasileña Emissao. Por esta operación es que están presos González y Sobrino.
Ignacio González, quien está preso en España, pagó 68 millones de reales brasileños (21,4 millones de euros) por Emissao, que un año después tenía un valor contable de solo cinco millones de euros, cuatro veces menos. Ambas transacciones, la de Inassa y la de Emissao, están incluidas en una de las seis piezas en las que la Audiencia Nacional de España ha dividido la Operación Lezo.
El asesor contratado por el Canalde Isabel II lo acompañará en todo el proceso de desinversión de las filiales. Su principal labor será la de analizar la mejor forma de deshacerse de esta decena de sociedades. Todas dependen de Inassa, y esta de Canal Extensia, que a su vez depende del Canal.
“Hará un análisis de oportunidad. Si es mejor vender empresa a empresa, colocar las acciones en Bolsa…”, señalan fuentes de Canal de Isabel II. “Este tipo de asesores suelen ser las divisiones de banca mayorista de las grandes entidades, la banca de tipo medio que también suele tener una división parecida y ’boutiques’ como JP Morgan o Rothschild. Vamos a convocar a las mejores de estos tres segmentos”.
“Este tipo de operaciones de asesoramiento oscilan entre el 1 y el 3% del valor de la venta”. El Canal también tiene pensado contratar a otra compañía que ayude a valorar económicamente el precio de sus filiales. Es imprescindible que este último sea distinto al asesor financiero que diseñará y ejecutará el proceso de desinversión “para que no haya conflicto de intereses. Porque se puede dar el caso que el asesor trabaje para un potencial comprador en otro asunto”. El Canal también necesita contar con los servicios de un consultor jurídico que le ayude a analizar la situación societaria real de todas las filiales. El trabajo final será diseñar un cuaderno de venta para presentar a los futuros y potenciales compradores. “Los interesados podrán acceder a una base de datos y hacer sus propias simulaciones de compra. Luego se abrirá un proceso de selección para los compradores que nos hagan una primera oferta no vinculante. Y finalmente entre todos los candidatos se hará una subasta”. Un proceso complicado que durará, como mínimo, un año.
El Canal ha llegado a ser el dueño, al 100%, de seis empresas en Latinoamérica y a tener distintas participaciones en otras 14 sociedades. La presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes ya había decidido hace meses cerrar aquellas empresas con poco volumen de negocio y escasa plantilla, como las que tenía el Canal en México y Venezuela.
Las sociedades que ya han sido liquidadas son: Watco en República Dominicana y su sucursal R y T (Resultado y Tecnología); las panameñas Triple AAA del Itsmo y R y T (otra sucursal); y la costarricense Inassa de Costa Rica. Ninguna tenía que ver con el ciclo del agua y alguna se dedicaba a asuntos tan distintos como la asesoría de consultoría de temas informáticos.
De otro lado, están en proceso de liquidación la dominicana Inforesa, las mexicanas Inamex y Mexaqua y las venezolanas AAA Venezuela y AAA Servicios de Venezuela Lassa S.A. (Inassa Venezuela). Canal también ha liquidado ya desde Madrid R y T Dominicana, una empresa que ni siquiera se llegó a constituir.
Para curarse en salud, el jueves pasado en la Asamblea de Madrid, el grupo parlamentario popular que dirige Cristina Cifuentes, decidió apoyar la proposición de ley presentada por Ciudadanos para garantizar el carácter público del Canal. Un texto distinto al que habían consensuado PSOE y Podemos, mucho más exigente. El objetivo es cambiar la ley de 2008 para cerrar la puerta a futuras privatizaciones. Canal seguirá siendo 100% pública y ninguno de sus socios (los ayuntamientos o la comunidad) podrá vender su participación a agentes privados. Además, el Gobierno regional nunca podrá tener una participación inferior al 51%.
Mientras tanto en Colombia la Procuraduría investiga por qué la ciudad de Barranquilla perdió la mayoría accionaria en la Triple A. Varios alcaldes, gerentes de la Triple A, políticos, empresarios, concejales y dirigentes gremiales están siendo investigados para ver si hubo irregularidades en la operación que llevó a que Canal de Isabel II se quedara con la empresa.
Con información de El Confidencial.
Artículo relacionado: Los mencionados por El Mundo en el escándalo Canal de Isabel II – Triple A http://lalibertad.com.co/wp/2017/06/16/los-mencionados-por-el-mundo-en-el-escandalo-canal-de-isabel-ii-triple-a/

















