Razonable acepción

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En la lengua castellana las palabras no tienen un solo significado por diversos motivos, como es el caso, por ejemplo, del mismo vocablo “acepción”, que tiene varias acepciones. No se trata de un trabalenguas, sino de una realidad idiomática, como sucede con el adjetivo “secular”, del cual pretendo hacer la precisión conceptual que más se ajusta a lo que me propongo.

Normalmente por secular se entiende lo seglar, aquello que es perteneciente o relativo al siglo. Luego se refiere a lo que dura un siglo o desde hace siglos, para, por último, determinarnos al clero o al sacerdote que vive en el siglo, a diferencia del que vive en las paredes del claustro, acepción que enmarca la preciada objetividad del momento histórico.

Ese proceso no necesariamente debe durar un siglo, como etimológicamente se ha concebido. En un tiempo prudente y directo el liberado de su mundo religioso estaría, ahora mismo, en la capacidad de palpar que los colombianos gozamos de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin que seamos discriminados por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o religiosa, según lo señala el Art. 13 de la Carta Magna.

Además, el Estado colombiano garantiza la libertad de conciencia ya que nadie podrá ser molestado por sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia (Art. 18). Así mismo, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz (Art. 20). Por tanto, la libertad de culto está plenamente garantizada ya que puede profesarse y difundirse en forma individual o colectiva (Art. 19).

Se nota a las claras que en Colombia, como en el mundo democrático, no existe un solo pensamiento o una verdad única. En eso consiste la diversidad que el Estado protege mediante la Constitución Política y las leyes. Sin que tuviera vida la Constitución de 1991, el sacerdote Agustín Herrera, nuestro profesor de Filosofía en el Codeba, pudo apropiarse de esos derechos fundamentales. La calle complementó su intelectualidad. Y el mejor ejemplo que pudo darnos fue que, a pesar de su vestidura talar, se despojó de su dogma religioso para abrirnos los ojos sobre las otras realidades.

Ese ha sido el pensamiento libre, abierto, respetuoso y demasiado razonable de los que han construido unas sociedades modernas donde todos tienen cabida en una democracia donde el bienestar está fundamentado en la realidad que parte de la espiritualidad de sus sueños y de cómo defenderlo con el apego a la juridicidad que concita a la igualdad entre seres humanos. Y no de los absolutistas que pretenden imponer, a punta de casquiblandas patadas, unos regímenes políticos y unas sectarias religiosidades que deshonran la actitud humanista de la Ética.

En nuestro país los derechos fundamentales están claritos en el Capítulo Uno de la Constitución Política. Pero los distintos gobiernos en su vida republicana no los han cumplido responsablemente. La corrupción y la politiquería han pesado mucho. Y los más preocupados para llenar sus panzas con los dineros de la infame explotación, constituyen sus mejores aliados. Las luchas libradas recientemente en Buenaventura, el Chocó y por el unido magisterio nos han puesto a pensar sobre el poder que tiene la ciudadanía para hacer cumplir sus dignos derechos.

Y a los fervorosos religiosos advertirles que las leyes no los obligan a abdicar de sus respetables principios doctrinarios. Se trata es de la protección del Estado hacia aquellos que creen más en lo laico y no en el fundamentalista credo. La Constitución de 1991 ha sentado las bases. Los seculares no pueden hacerle el quite.

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