Cámaras para vivir, no para atesorar

101

El funcionamiento de cámaras de vigilancia instaladas estratégicamente en las calles de ciudades colombianas, es una contribución significativa al éxito en la tarea de brindarle seguridad a la población ante la amenaza de la delincuencia en sus diversas manifestaciones, apoyo a la Policía Nacional en ese cometido, y a la justicia judicial, en lo suyo. A la primera le facilita actuar en tiempo real en contra del crimen, o identificar, perseguir en caliente y capturar a los responsables, y a los jueces proceder sobre la base de soportes documentales probatorios que les ayude a alcanzar certeza para el cumplimiento y eficacia de sus decisiones. La dotación de ese elemento técnico en las áreas no solo urbanas sino en las rurales ayuda a la tranquilidad pública, motivo por el cual es necesario que el mismo no se limite a unos pocos sectores sino que se amplíe en la proporción que demande un buen programa de vigilancia. Paralelo a lo anterior también se han venido instalando cámaras para el control de la velocidad vehicular en las carreteras troncales y calles, lo que ha suscitado críticas en algunos sectores porque la operación de las mismas se ha manejado con la idea de imponer multas; su ubicación se ha hecho a ojos vista y  no conforme a la intensidad del movimiento peatonal, los tiempos de movilidad, el número de automotores y su variedad, el estado de la red vial, la señalización y los semáforos, incluidos los peatonales. En ese cometido ha prevalecido el ánimo rentístico sobre el deber de evitar accidentes.

En la legislatura que acaba de terminar el Congreso de la República aprobó una ley para regular las foto multas, y en lo esencial sus normas parecen orientarse a disminuir la participación monetaria que en ellas tienen los contratistas que administran el recaudo, lo que no parece viable en ese aspecto, porque al modificarse lo pactado entre estos y el Estado éste queda expuesto a enfrentar reclamos y demandas de su contraparte, con ninguna o pocas posibilidades de éxito, debido al cambio unilateral e inconsulto de las reglas sobre las cuales tuvo lugar la concertación. Como esa ley debe pasar a la consideración del ejecutivo para que decida si la sanciona u objeta, lo probable es que ocurra esto último, lo cual no impide el trámite de otra que reglamente con la certeza y el rigor necesarios la operación de las foto multas, evitando aquel riesgo y en forma que los organismos de tránsito y transporte, a su vez, puedan expedir los actos administrativos complementarios, para que una cuestión de tanto interés ciudadano deje de ser la simple alcabala a que viene reducida, con olvido de la misión protectora que la justifica y debe cumplir. Ciudades como Cartagena de Indias que es destino turístico de primer orden y por lo mismo receptora de visitantes de todo el mundo, necesita ser dotada de mayor número de cámaras y de una reglamentación acorde con la normatividad general, es decir con las leyes vigentes, porque la señalización de buena parte de sus vías es insuficiente, disparatada o borrosa, lo que confunde y pone en riesgo a conductores y transeúntes, residentes y provenientes de otras ciudades y países. No se trata de cualquier cosa, sino de la protección de la vida humana. En todo esto ninguna consideración diferente es válida, y menos la de la rentabilidad mal entendida. La preocupación expresada en estas glosas por la seguridad de Cartagena y su transporte automotor debe ser de todos sus habitantes, de sus líderes cívicos, de sus empresarios y de quienes en ella tienen responsabilidades administrativas y políticas.

[email protected]

Comentarios

Comentarios




Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *