
Al conocerse que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió de toda responsabilidad a los exfuncionarios de Redehospitales: Gustavo Adolfo Romero Hany, Aarón Dayan Aarón De la Hoz, Oswaldo Enrique Dede Mendoza y el contratista Ricardo Enrique Cantillo Carrillo, acusados de varios delitos, pese a que la Fiscalía en ningún momento contó con un dictamen pericial u otra prueba idónea, el abogado José Sanjuán Guzmán, presentará demanda multimillonaria contra el Distrito de Barranquilla y la Fiscalía General de la Nación.
Según se ha podido conocer, para el abogado, en el caso del contratista, la demanda estará en el orden de los 5 mil millones de pesos, debido a la mala fe que hubo desde el punto de vista administrativo al pretender usar la acción penal para conculcar unos derechos contractuales, además de los derechos de autor como desarrollador de software, más los daños y perjuicios ocasionados.
De acuerdo con las informaciones obtenidas por LA LIBERTAD, el abogado Sanjuán Guzmán, quien representa a varios de los procesados, que fueron acusados y privados de la libertad por más de un año, por haber incurrido en una supuesta celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, prepara las demandas multimillonarias contra los entes ya mencionados.
Es de indicar, que el profesional del derecho, José Sanjuán, como apoderado dentro del proceso en mención, interpuso una demanda de casación que fue admitida y casada por parte de la Corte Suprema de Justicia, en algunos de los 9 cargos planteados en su petición.
Ante estos hechos, los magistrados de la Corte, en fallo a favor de los procesados, hicieron un fuerte llamado a los fiscales en la fundamentación de las acusaciones o imputaciones y donde se sentaron las siguientes afirmaciones:
“Por tanto, cuando la Fiscalía considere que han ocurrido irregularidades atentatorias contra la administración pública, debe revisar con cuidado sus hipótesis fácticas y jurídicas”; “En el mismo sentido, tampoco es posible aplicar a este especial régimen de contratación (E.S.E.) las reglamentaciones dirigidas a otras entidades, como erradamente lo entendió la Fiscalía en la resolución de acusación, donde planteó que los procesados incumplieron “la Directiva Presidencial No. 12 del 1º de octubre de 2012, por medio de la cual se crea y estable una lucha contra la corrupción estatal”; “En diversas oportunidades la Sala ha hecho hincapié en la necesidad de que la Fiscalía estructure con cuidado la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes que pretende incluir en la acusación, entre otras cosas porque la misma determina el tema de prueba. Así mismo la Sala de la Corte, hizo hincapié en la necesidad de que la Fiscalía, en la acusación, y los jueces, en la sentencia, indiquen con precisión los hechos que justifican el llamamiento a juicio y la condena, y finalmente “la Sala advierte que la Fiscalía en ningún momento contó de un dictamen pericial u otra prueba idónea”, en consecuencia concluyó que la actividad de la Fiscalía fue precaria, sofista y falta de estructuración de una hipótesis real, lo cual conllevó a incurrir en varios errores a los juzgadores que condenaron a los procesados.
Considera el abogado que por todo lo anterior, estas imprecisiones y deficiencias conllevaron a que los ex funcionarios de la Redehospitales, Gustavo Adolfo Romero Hany, Aarón Dayan Aarón De la Hoz, Oswaldo Enrique Dede Mendoza y el contratista Ricardo Enrique Cantillo Carrillo, se les afectara su libertad, la presunción de inocencia y su buen nombre, con lo cual se ocasiono unos perjuicios materiales y morales y un daño a la vida de relación.
Cabe señalar que la sentencia de la Corte Suprema ha creado jurisprudencia muy importante para el sistema de la celebración de los contratos de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.), sino que además ratifica que estas entidades se rigen por el derecho privado, aplicando los principios generales de la contratación, siempre y cuando “se encuentren en los manuales de contratación correspondientes”, Sentencia de Casación SP7322-2017, Radicación No. 49819 del 24 de mayo de 2017.

















