
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó tras su segundo debate, el proyecto de ley que busca que las empresas no obliguen a las mujeres a presentar una prueba de embarazo durante sus procesos de contratación laboral.
La ponente de la iniciativa, Guillermina Bravo Montaño, explicó que “esta iniciativa busca que se prohíba la práctica de la prueba de embarazo o certificación médica de ausencia de estado de gravidez, como requisito o pre-requisito para cualquier parte del proceso de selección, vinculación, promoción laboral, permanencia o renovación laboral para cualquier cargo o empleo, sea este de carácter público o privado”.
Según el proyecto legislativo, las empresas solo podrán solicitar una prueba de embarazo si su oferta laboral es considerada de alto riesgo por el Ministerio de Trabajo.
Si una empresa insiste en exigir ese requisito a las mujeres, se verá expuesta a sanciones de hasta 50 salarios mínimos mensuales vigentes por cada caso probado.

















